INTERNACIONALES.- Abogados del bufete jurídico Grupo Ortega, quienes representan a un grupo de ciudadanos venezolanos deportados el 16 de marzo desde Estados Unidos hacia El Salvador, llegaron este 31 de marzo a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para pedirle a dicha institución que verifique las condiciones de los extranjeros, pues no han tenido acceso a ellos desde que fueron llevados al Centro para el Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Venimos a completar nuestra labor profesional en el sentido de venir a pedir la garantía de sus derechos humanos, que nosotros consideramos que han sido violentados», declaró uno de los abogados de Grupo Ortega, Salvador Ríos Alvarado.
Sostienen que la PDDH tiene, por mandato constitucional, la facultad para intervenir en un proceso como el que actualmente viven cerca de 240 venezolanos que están recluidos en el CECOT.
Los abogados están pidiendo a la procuradora de derechos humanos de El Salvador, Raquel Caballero de Guevara, que verifique las condiciones en el CECOT de 30 personas a las que ellos están representando legalmente. Además, que constate las condiciones de salud en las que se encuentran y si están recibiendo atención adecuada.
También pedimos que habilite un canal de comunicación de los ciudadanos venezolanos con sus familiares, que están en el exterior. Además, que habilite un canal y que nos acompañe en el acceso a verificar si ellos están en el CECOT, que acompañe a estos abogados para tener la entrevista con ellos, que es su derecho», añadió Jaime Ortega.
El 27 de marzo el mismo bufete de abogados acudió a la Corte Suprema de Justicia para presentar 30 solicitude de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional. De esa petición aún no han recbido respuesta, según aclararon.
«Creemos que la honorable Sala está en proceso de análisis técnico de la solicitud que se ha presentado y no existe un tiempo límite para que la Sala se pronuncie. Sin embargo, la Constitución establece que si bien no hay un plazo, la justicia debe ser pronta y cumplida, y esperamos que un plazo razonable en este caso no sería de más de 15 días», expusieron.
Los abogados sostienen que a los venezolanos que están siendo deportados desde Estados Unidos no se les puede aplicar el régimen de excepción, pues no han cometido delitos en El Salvador. Por lo tanto las condiciones para ellos deberían ser distintas.
«Aquí se juzgan delitos cometidos en El Salvador, salvo que se de una extradición, pero este caso específico de los venezolanos esto no aplica», expuso Alvarado.
Por David Bernal / José Cardona
Foto: José Cardona
LA PRENSA GRÁFICA
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