POLÍTICA.- El rastro del dinero de Venezuela decomisado a redes de corrupción no es solo una cuestión de cifras; es un mapa de la devastación institucional. Durante el foro online Rastro del dinero venezolano decomisado a redes corruptas, organizado por Transparencia Venezuela, especialistas advirtieron que el país se enfrenta a un desafío técnico y jurídico monumental: ¿Cómo recuperar un patrimonio robado cuando las instituciones del propio Estado víctima actúan como principales obstáculos?
Un desfalco de dimensiones globales
Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, presentó datos que dimensionan la magnitud del problema. Según el informe El mapa de los decomisos, la corrupción vinculada a Venezuela supera los 70.000 millones de dólares. Sin embargo, la brecha entre lo desviado y lo recuperado es abismal.
Hasta la fecha, apenas se ha materializado la incautación de 719 bienes en 21 países, valorados en unos 4.000 millones de dólares. De ese total, solo 287 bienes cuentan con un decomiso definitivo mediante sentencias, sumando cerca de 1.300 millones de dólares. El resto se encuentra en un “limbo” jurídico.
“Los casos se sobreseen o se cierran porque los tribunales internacionales solicitan información a Venezuela y el Estado no entrega nada”, explica De Freitas, subrayando que la opacidad del Gobierno podría convertirse en una herramienta eficaz para el corrupto.
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La “Ley Pana”: ¿Una luz al final del túnel?
En Estados Unidos, el epicentro judicial de los procesos contra la corrupción venezolana, la periodista María Alejandra Márquez, fundadora de Inrav, sigue de cerca 80 casos que totalizan 3.900 millones de dólares en órdenes de confiscación. De estos, 600 millones ya son activos líquidos.
Para proteger este dinero y asegurar que su retorno beneficie a la población, se impulsa en el Congreso estadounidense la Pana Act. Este proyecto de ley busca crear un fondo especial con propósitos claros: reinstitucionalización, defensa de los derechos humanos, apoyo a medios independientes y combate a la corrupción.
“Si no hay vigilancia pública y participación de la sociedad civil en el seguimiento de esos bienes, las posibilidades de que ese dinero vuelva a caer en manos de la corrupción se incrementan”, advirtió Márquez. La ley, actualmente en espera de aprobación, se plantea como un escudo contra la voracidad de las redes que, históricamente, han saqueado las arcas nacionales.
El modelo suizo y el pragmatismo jurídico
El panorama internacional exige estrategias diferenciadas. Guillermo Jorge, experto en prevención de lavado de activos, analizó el rol de países como Suiza, donde recientemente se congelaron 700 millones de dólares vinculados a 36 funcionarios del Gobierno venezolano.
Jorge explica que este tipo de acciones no son gestos espontáneos, sino resultados de un estricto cumplimiento financiero ante la evidencia de operaciones sospechosas. Suiza, por ejemplo, ha adaptado su legislación para actuar ante Estados considerados “fallidos” o cuyas instituciones impiden la obtención de pruebas.
No obstante, el abogado hace un llamado a la cautela: no se puede vivir en una disputa judicial eterna. “Debatir caso por caso podría consumir una parte considerable de los fondos en honorarios legales”, advierte. Su recomendación para una futura transición es el pragmatismo: fijar objetivos concretos, metas realizables y, eventualmente, tener la capacidad política de “dar vuelta a la página”.
El desafío de la transición
El foro dejó claro que la recuperación de activos no es solo un proceso legal; es un proceso de reconstrucción nacional. La falta de justicia independiente en Venezuela obliga a las organizaciones de la sociedad civil y a los aliados internacionales a tejer una red de soluciones creativas, alejadas de los modelos tradicionales que, en el contexto actual, resultan inoperantes.
Mientras el país aguarda por una transición, el dinero robado permanece atrapado en un sistema global diseñado para capturarlo, pero que aún no sabe cómo devolverlo a sus legítimos dueños: los ciudadanos venezolanos. El éxito de esta empresa dependerá de la transparencia, la presión internacional y, sobre todo, de la capacidad de los venezolanos para blindar el futuro retorno de sus recursos.
