ECONOMÍA.- La economía venezolana vive hoy una contradicción que se ha vuelto una constante en la mesa de discusión pública: la aspiración colectiva por la estabilidad cambiaria y una inflación controlada choca frontalmente con la negativa de abordar la raíz del problema. En palabras del economista Asdrúbal Oliveros, mientras el país se enfoca en los síntomas, ignora la patología estructural que impide una recuperación sostenible.
Con una inflación que, a corte de abril de 2026, supera el 600% interanual y una brecha cambiaria que se mantiene por encima del 30%, los esfuerzos del Gobierno por intervenir el mercado de divisas parecen medidas paliativas ante una hemorragia más profunda.
Un Estado diseñado para el pasado
Para Oliveros, el problema central no es el mercado cambiario, sino un Estado cuyo tamaño y arquitectura responden a un país que dejó de existir. Durante décadas, la premisa de la suficiencia petrolera permitió la proliferación de organismos, empresas públicas y estructuras administrativas cuya eficiencia quedó relegada a un segundo plano.
Sin embargo, la realidad actual es implacable: los ingresos petroleros han mermado drásticamente, el acceso al financiamiento internacional es inexistente y la capacidad de endeudamiento es mínima. Pese a este escenario, Venezuela insiste en mantener una estructura estatal diseñada para una era de abundancia, lo que genera una presión permanente sobre las finanzas públicas.
El círculo vicioso de la inflación
La relación causa-efecto es clara para el especialista. Cuando las finanzas públicas entran en tensión —debido a un gasto que el país no puede costear— el mecanismo de ajuste termina siendo la expansión monetaria. En ausencia de fuentes de financiamiento reales, el gasto excesivo se cubre emitiendo dinero sin respaldo, lo que inevitablemente deriva en inflación, depreciación de la moneda y una erosión constante de la confianza del mercado.
Bajo este diagnóstico, la sostenibilidad fiscal deja de ser una discusión técnica secundaria para convertirse en el pilar fundamental de cualquier estrategia de estabilización. «Uno de los debates más importantes de los próximos años no será el precio del petróleo ni la evolución de las licencias internacionales, sino la viabilidad del propio Estado venezolano», enfatiza Oliveros.
La reforma: El costo social y la paradoja política
Reconocer la necesidad de una reforma es el paso sencillo; ejecutarla representa el mayor desafío político y social. La propuesta implica revisar el tamaño del Estado, eliminar duplicidades y concentrar recursos en áreas indispensables.
Este proceso pone sobre la mesa el tema más sensible: la nómina pública. Millones de venezolanos dependen directa o indirectamente del empleo estatal, lo que hace que cualquier intento de redimensionamiento genere temores de un alto costo social.
No obstante, el economista plantea una paradoja amarga: la defensa de este aparato estatal sobredimensionado ha terminado por ser, paradójicamente, el principal verdugo de quienes forman parte de él. La inflación ha pulverizado el poder adquisitivo de los salarios públicos y la precariedad de los servicios ha mermado la calidad de vida de los propios trabajadores.
El debate está servido, aunque resulte incómodo. La historia reciente de Venezuela demuestra que postergar la reforma del sector público no garantiza la protección de los ciudadanos, sino que perpetúa un ciclo de precariedad. La viabilidad del país, en definitiva, parece estar ligada indisolublemente a la capacidad de construir un Estado proporcional a su realidad actual.
