Sucesos.- El fiscal Héctor Barros ha revelado que existe una segunda funcionaria de una entidad financiera, que trabajaba en el BancoEstado de Chile, que ha sido imputada en la red del Tren de Aragua, desarticulada el pasado martes 2 de junio, quien se suma al ejecutivo venezolano José Carlos Pérez Asencio, que laboraba en una sucursal del centro de Santiago del Banco Santander.
Al grupo se le investiga por el lavado de activos de 85 millones de dólares, entre 2022 y 2025, dinero que fue sacado de Chile a través de distintas cuentas, y que proviene de extorsiones a comerciantes de locales nocturnos, secuestros, trata de personas con fines de explotación sexual, tráfico de drogas y contrabando, entre otros delitos.
Según ha dicho Barros, quien lidera la audiencia de formalización de la investigación en contra del grupo, la información fue entregada en esa instancia judicial por “la defensa y la propia imputada”, que señalaron que “era ejecutiva bancaria del BancoEstado”.
La entidad chilena, estatal, ha señalado este lunes, a través de un comunicado público, que los hechos son “de la mayor gravedad” y que la mujer, quien ha sido identificada como Rossana Blanco Blanco, venezolana, estaba contratada por un proveedor externo “para desempeñar labores de apoyo, entre enero de 2023 y junio de 2026″.

El fiscal Héctor Barros reveló la identidad de la ejecutiva bancaria venezolana, trabajaba en el BancoEstado de Chile
Añadió que el Ministerio Público y la policía le solicitaron “el congelamiento y alzamiento del secreto bancario de una serie de cuentas, para el período comprendido entre mayo del 2025 y hasta la fecha del último movimiento actualizado” y que, además, han sido bloqueadas sus credenciales y accesos al sistema.
Se trata del golpe económico más fuerte a la organización criminal transnacional de origen venezolano no solo en Chile, sino también en la región, según ha señalado este lunes a Radio ADN Luis Izquiel, profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela. “Sería la operación de lavado de dinero relacionada con el Tren de Aragua más grande desmantelada en Latinoamérica. Esto también habla del crecimiento de sus negocios criminales”.
Fue el pasado martes cuando fueron detenidas 19 personas. La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) ha bautizado la indagatoria como Operación Tokio, en referencia al nombre de una discoteca que funcionaba al interior de la cárcel de Tocorón, a unos 140 kilómetros de Caracas, en Venezuela.
Es en ese penal donde Héctor Guerrero, alias El Niño Guerrero, fundó la megabanda, que se ha extendido por varios países de Latinoamérica, y está prófugo desde 2023, cuando huyó del penal y continúa prófugo. Según Izquiel “sería muy interesante que pueda surgir esta investigación [que lidera Héctor Barros] un probable lazo de ese dinero [los 85 millones de dólares] con Guerrero”.
Precisamente a Chile, aproximadamente desde 2019, ingresaron varios de sus principales líderes, con vínculos directos con Guerrero, entre ellos Carlos Gómez, alias Carlos Bobby, venezolano, quien se encuentra detenido en una cárcel de Bogotá y huyó de Santiago en 2024: los reportes económicos del grupo que ha sido detenido el pasado martes eran reportados a Gómez.
El hilo para llegar a la detención del grupo arrancó después de que la policía periciara el teléfono móvil de Bárbara Hernández, alias Barbie, hallado en una parcela en Lampa, a unos 40 kilómetros al norte de Santiago, donde el 16 de julio de 2024 se produjo un quíntuple homicidio durante una fiesta realizada durante el día.
El fiscal Barros ha explicado que el grupo operaba a través de varias cuentas bancarias, con las que sacaba el dinero de Chile y también a través de dos empresas de fachada, Beex Group y Beex Digital, del rubro de servicios informáticos, que fueron creadas con seis días de anticipación. “De un día a otro aparecen con cero pesos como rentabilidad y, a los seis o siete meses, una de ellas tuvo 3.000 o 4.000 millones de pesos para llegar, finalmente, a 58.000 millones de pesos (unos 65 millones de dólares)”.
Este domingo, tras el primer día de la audiencia de formalización de cargos, dijo a TVN que en la Operación Tokyo, hasta ahora, se ha levantado información desde 2022 y 2026. “Lo que nosotros hicimos fue estirar la línea en lo que se refiere a las extorsiones” a dueños de clubes nocturnos, a quienes el Tren de Aragua los obligaba a pagar, bajo amenazas, para poder realizar fiestas.
Además del dinero obtenido por las extorsiones, la organización criminal también obtenía ganancias ilícitas por la explotación sexual de mujeres, “secuestros, delitos contra la propiedad y extorsiones a otro tipo de comerciantes”, dijo el fiscal.
Sucesos El País.
Foto Cortesía Notitarde
El Regional del Zulia.