Economía.- El reporte de mayo realizado por el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) da cuenta de un aumento mensual del 26% en los precios, lo que sugiere que la economía venezolana sigue atrapada en un ciclo hiperinflacionario, al acumular más de 105% en lo que va del año, y con una proyección interanual superior al 200%. Estas cifras confirman que el país experimenta una pérdida acelerada del poder adquisitivo y una inestabilidad de precios que afecta todas las capas de la sociedad.
Estos registros son abalados por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la UCAB, que proyecta una inflación del 220% y una caída del 2% del Producto Interno Bruto (PIB) para Venezuela al finalizar 2025. Este escenario se presenta en un contexto «muy adverso» con alta incertidumbre e inestabilidad, influenciado por cambios en la política económica de Estados Unidos hacia Venezuela.
Con el salario mínimo simbólico prácticamente congelado, las personas dependen cada vez más de remesas, trabajos informales o ayudas humanitarias del Estado. Esto agrava la desigualdad y limita la capacidad del ciudadano promedio para cubrir necesidades básicas como alimentación y salud.
Más del 80% de la población viviendo por debajo del umbral de pobreza es una señal contundente de emergencia social que se vive en Venezuela. En un entorno hiperinflacionario, cualquier ingreso fijo rápidamente pierde valor, lo que hace muy difícil planificar, ahorrar o mejorar la calidad de vida.
Cada punto porcentual de inflación se traduce directamente en una reducción real del consumo. Los alimentos, medicinas y servicios no sólo aumentan de precio, sino que además pueden escasear, lo que lleva a prácticas de racionamiento, trueque o endeudamiento informal, erosionando el acceso a bienes esenciales.
El panorama que pintan estas cifras es el de una economía que sigue debilitándose estructuralmente, con efectos devastadores sobre la calidad de vida de la población. La hiperinflación no es solo un fenómeno técnico: es una fuente constante de angustia, desigualdad y exclusión.
Los puntos clave de la crisis
El punto más importante tiene que ver con la alimentación, debido a que los precios de productos básicos como arroz, harina o aceite suben constantemente. Esto obliga a las familias a comprar menos cantidad o menor calidad, cambiar la dieta por alimentos más baratos, pero menos nutritivos; y hacer malabares para rebuscar precios más bajos en mercados populares o esperar por jornadas de distribución subsidiada, que escasamente llegan unas tres o cuatro veces al año.
Le sigue la salud, si consideramos que los medicamentos y consultas médicas se vuelven inaccesibles. Quienes necesitan tratamientos para afecciones crónicos deben elegir entre comer o comprar medicinas. Muchos acuden a remedios caseros o al trueque por falta de recursos.
Otro punto serio sería la vivienda y los servicios como electricidad, agua o internet, que están afectados por falta de mantenimiento o inversión, agravada por la escasez de recursos del Estado. Además, el aumento de los alquileres en dólares, lo que deja fuera del mercado formal a muchas personas. También hay zonas donde la recolección de basura o el transporte público casi no existen.
El trabajo e ingresos son un puntal muy grave en esta situación, ya que los sueldos no acompañan el alza de precios. Aunque alguien reciba un aumento, en pocos días pierde valor real. Muchos se ven obligados a trabajar en varios oficios, recurrir al comercio informal o emigrar.
La inflación también golpea la educación. No se pueden costear útiles, uniformes ni transporte escolar si no tienes trabajo, o ganas un salario de miseria que no cubre el costo de la canasta básica que supera los 500 dólares mensuales. Adicional a esto encontramos la mala remuneración de los educadores que obliga a muchos de ellos a abandonar las aulas, afectando la calidad educativa.
Políticas gubernamentales ineficientes
El gobierno ha respondido a este nuevo pico de inflación con un esquema de “precios acordados” que, en la práctica, significa controles de precios acompañados de fiscalización agresiva a comerciantes y de represión sobre economistas y responsables de la publicación de datos económicos alternativos.
Al mismo tiempo, se ha intensificado la persecución a los portales de información que reportan el valor del dólar paralelo, buscando controlar las expectativas de devaluación de la moneda. Sin embargo, como ha sucedido en episodios previos de controles económicos, la medida genera distorsiones en la distribución de bienes y termina incentivando el mercado negro y elevando los precios reales que paga la población.
La inflación no es solo una estadística: es una presencia constante en las decisiones diarias, que fuerza a millones a replantear sus prioridades para sobrevivir.
En Venezuela estas cifras solo revelan el agotamiento de un modelo económico incapaz de generar estabilidad y crecimiento a su población. Este fenómeno se convierte en el telón de fondo de las tensiones sociales que se expresan en las calles y en los hogares, donde la cotidianidad se ha vuelto una lucha de subsistencia y donde cada incremento de precios se percibe como una agresión directa a la dignidad de la gente.
