Espectáculos. – La justicia dominicana dictó una resolución crucial sobre una de las mayores tragedias en la historia del entretenimiento caribeño. Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la icónica discoteca Jet Set en Santo Domingo, serán juzgados formalmente por homicidio involuntario.
La decisión fue tomada este lunes por el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien determinó enviar el caso a la fase de juicio de fondo. El magistrado mantuvo la calificación jurídica solicitada por el Ministerio Público, rechazando la petición de los querellantes que exigían elevar los cargos a «homicidio voluntario» bajo el argumento de que los dueños conocían el avanzado deterioro estructural del inmueble antes de su colapso en abril de 2025.
Medidas cautelares y millonario embargo
Durante la audiencia, el juez Mejía ratificó las medidas de coerción vigentes contra los hermanos Espaillat, las cuales incluyen: Presentación periódica ante el tribunal, prohibición de salida del país y garantía económica.
Asimismo, el togado ordenó de manera precautoria la inmovilización de bienes y activos de los imputados por un monto de hasta 500 millones de pesos (aproximadamente 8,3 millones de dólares) para responder por los daños.
Antonio y Maribel Espaillat
Rechazo de las víctimas y familiares
El fallo judicial ha generado profundas reacciones. El magistrado sostuvo en su motivación que los empresarios no tenían la intención directa de provocar la tragedia; sin embargo, el colectivo Movimiento Justicia Jet Set (que agrupa a sobrevivientes y deudos) emitió un comunicado expresando que, aunque respetan la institucionalidad, consideran el fallo insuficiente. El grupo defiende la tesis de dolo eventual, señalando que:
«No se requiere intención directa de matar, sino valorar si, conociendo un riesgo grave, previsible y evitable, se decidió continuar actuando pese a la posibilidad del resultado».
Por su parte, Alcides Acosta, quien perdió a su hermano y a su cuñada en el siniestro, tildó la decisión de «parcializada». «Seguiremos luchando… pero esto es el juego del huevo y la piedra, porque al juez no le duelen las víctimas», declaró con impotencia ante los medios.
Una noche de merengue que terminó en luto general
De acuerdo con los informes del Ministerio Público, la emblemática discoteca operó durante años con una «sistemática y grave negligencia en el mantenimiento y adecuación estructural de sus instalaciones».
La estructura colapsó la madrugada del 8 de abril de 2025 mientras el recinto se encontraba a máxima capacidad disfrutando de un concierto del reconocido merenguero dominicano Rubby Pérez. El fatal incidente dejó un saldo de 236 personas fallecidas y 180 heridas.
Entre las víctimas fatales que conmocionaron a la opinión pública internacional se encuentran: El propio intérprete Rubby Pérez y uno de los músicos de su orquesta, el exlanzador de las Grandes Ligas (MLB), Otavio Dotel, el destacado diseñador de modas Martín Polanco, un hijo del ex presidente del Senado y ministro de Obras Públicas dominicano, Eduardo Estrella y además 28 ciudadanos extranjeros, entre los que se confirmaron 18 venezolanos, tres hispano-dominicanos, dos franceses, un haitiano, una colombiana, una costarricense, un italiano y un keniano.
El proceso entra ahora en su etapa más determinante, donde se buscará establecer las responsabilidades penales definitivas por la pérdida de tantas vidas.
Espectáculos.
El Regional del Zulia.
