NACIONALES.- Los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio no solo han dejado una estela de destrucción en la infraestructura nacional y un dolor profundo en las familias afectadas; también han encendido las alarmas sobre el destino de los millones de venezolanos que se encuentran fuera de las fronteras.
En un documento reflexivo y técnico, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) ha advertido que nos enfrentamos a un fenómeno inminente: tras el desplazamiento interno, el país verá un nuevo ciclo de movimientos migratorios transfronterizos motivados por la desesperación y la pérdida.
Para el CDH-UCAB, el momento exige una respuesta que apele a la ética global y al derecho internacional. La organización subraya que las naciones no pueden ser indiferentes ante quienes, al haber perdido su sustento o su hogar, se encuentran ahora en una situación de “vulnerabilidad extrema”.
La ilegalidad del retorno forzoso
Uno de los puntos más críticos del exhorto universitario es la alerta contra las deportaciones. El centro es tajante al recordar que, bajo el derecho internacional, el traslado coercitivo de personas hacia un entorno marcado por la crisis, donde existen riesgos de persecución o daños irreparables, constituye una práctica de “devolución” explícitamente prohibida.
Invocando precedentes históricos como los desastres en Haití (2010) y El Salvador (2001), el CDH-UCAB propone una hoja de ruta clara para los países receptores:
- Suspensión inmediata: Cancelar por al menos seis meses cualquier retorno coercitivo, incluyendo a personas cuyas solicitudes de asilo fueron rechazadas previamente, ya que las condiciones actuales podrían otorgarles nuevos motivos para ser reconocidos como refugiados sur place.
- Estatus de protección: Aplicar la definición regional de refugiado y las directrices de ACNUR ante desastres naturales para salvaguardar la vida y la dignidad.
- Flexibilización operativa: Implementar permisos humanitarios (parole), reunificación familiar y el reconocimiento de pasaportes vencidos, además de restablecer mecanismos como el Estatuto Temporal de Protección (ETPV) en el caso específico de Colombia.
La responsabilidad ineludible del Estado
El documento no solo mira hacia afuera; interpela directamente al Ejecutivo nacional. El CDH-UCAB sostiene que el Estado venezolano tiene una responsabilidad indelegable con sus ciudadanos en el exterior, independientemente de la temperatura de sus relaciones diplomáticas con otros países.
La exigencia es clara: la atención en las misiones diplomáticas debe restablecerse de manera plena e incondicional. En palabras del comunicado, «los ciudadanos no tienen por qué cargar con las consecuencias de las diferencias políticas entre sus gobernantes». Para la instancia académica, el apoyo consular —que incluye la eliminación de trabas económicas y el costo de trámites para quienes deseen regresar— es una cuestión de humanidad, no de política.
Hacia un pacto de humanidad
La reflexión final del CDH-UCAB es un llamado a la coherencia. El derecho internacional de los derechos humanos no es un marco teórico, sino una herramienta de supervivencia en contextos de catástrofe. La protección de los migrantes, tanto en su camino hacia el exterior como en su retorno, es una prueba de fuego para los valores de solidaridad de toda la región.
En este escenario de incertidumbre, la propuesta de la UCAB nos recuerda una máxima inalterable: frente a la fuerza devastadora de la naturaleza, la respuesta de los Estados debe ser, ante todo, humana, priorizando siempre la vida sobre cualquier consideración burocrática.
EL REGIONAL DEL ZULIA
