EE UU El juez de la Corte de Distrito en Delaware, Leonard P. Stark, decidió este viernes 22 de mayo reanudar el juicio que acuerda el embargo de acciones de la filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Estados Unidos, Citgo, para compensar los 1.400 millones de dólares que exige la empresa canadiense Crystallex por la expropiación que sus activos en Venezuela sufrieron a manos del gobierno de Hugo Chávez la década pasada.
La orden del juez se emana después de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara una apelación del gobierno de Venezuela para el eventual embargo de activos de PDV Holding, Inc -entre los que se incluye a Citgo- solicitado en la demanda de Crystallex. Esta decisión pone en jaque al Gobierno de Juan Guaidó, que representa a Venezuela ante las cortes estadounidenses, en su cruzada por proteger los activos venezolanos en Estados Unidos.Sin embargo, actualmente la filial de Pdvsa se encuentra protegida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que dejó claro el pasado 9 de diciembre que «ningún acreedor puede obtener medidas de embargo u otras decisiones judiciales en contra de propiedades bloqueadas en Venezuela, incluyendo las propiedades de Pdvsa en Estados Unidos, como es el caso de Citgo».
Por lo tanto, Crystallex necesitaría obtener una licencia por parte de la OFAC para obtener los 1,4 millones de compensación que exige en la demanda. De igual forma, tendrían que acordar con los representantes de Venezuela en esta caso en cómo se vendería Citgo para conseguir estos fondos.
Citgo posee tres refinerías en suelo norteamericano. Una se ubica en Louisiana, otra en Texas y la última en Illinois, además de una red de tuberías a lo largo de 23 estados del país.
Crystallex, por su parte, reclama una compensación por la expropiación de sus operaciones de extracción de oro en las minas venezolanas de Las Cristinas en 2011, durante el gobierno de Chávez.
La empresa canadiense ganó en el arbitraje en 2016, y un tribunal federal de apelaciones con sede en Filadelfia dictaminó el año pasado que las acciones podrían ser confiscadas para satisfacer el laudo; pero no han podido ejecutar el embargo debido a la protección de la OFAC sobre los activos venezolanos.
Desde la cuenta de Twitter de la Procuraduría Especial de la República de Venezuela, que maneja el produrador designado por la oposición, José Ignacio Hernández, recalcan que ningún acreedor puede ejecutar medidas de embargo gracias a la OFAC.
Tal Cual