CARACAS.- En un fallo histórico de repercusión global, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó este miércoles al Estado venezolano el cierre definitivo del centro de detención «El Helicoide» en un plazo máximo de 18 meses.
La emblemática e imponente estructura de concreto en la capital, utilizada durante décadas por los organismos de inteligencia y señalada reiteradamente por la comunidad internacional como un epicentro de tratos crueles, inhumanos y degradantes, deberá cesar por completo sus funciones penitenciarias debido a su flagrante incompatibilidad con los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La contundente sentencia responde directamente a la demanda por la detención ilegal, arbitraria y posterior tortura del estudiante Jorge Rojas Riera, ocurrida en septiembre de 2003 tras participar en manifestaciones civiles. De acuerdo con el dictamen emitido por el tribunal internacional con sede en Costa Rica, la reclusión continuada de ciudadanos en dichas instalaciones genera un riesgo agravado para la integridad de los detenidos.
En el texto resolutivo, el tribunal internacional asentó de manera categórica la obligatoriedad de la medida:
«La Corte estima pertinente ordenar al Estado que disponga, en un plazo de 18 meses a partir de la notificación de la presente sentencia, el cierre del centro de detención ‘El Helicoide’«.
Asimismo, el documento oficial argumenta el sustento jurídico e internacional que motivó esta drástica decisión sobre la infraestructura carcelaria:
«La Corte constató que varias instituciones y organismos internacionales que monitorean la situación de los derechos humanos en Venezuela han determinado que las personas privadas de libertad en ‘El Helicoide’ han sido sujetas a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes».
Detalles de la sentencia y medidas de reparación
Ante la gravedad de los hechos demostrados en el expediente, la Corte IDH determinó la responsabilidad internacional del Estado y dictaminó una serie de medidas de estricto cumplimiento que van más allá de la infraestructura:
Clausura definitiva: Desmantelar y vaciar el recinto carcelario en el lapso fijado de año y medio.
Investigación penal de oficio: Reabrir y acelerar los expedientes judiciales para identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de las torturas infligidas a Rojas Riera (quien en 2003 sufrió descargas eléctricas, asfixia y golpes por parte de la entonces DISIP).
Acto público de desagravio: El Estado venezolano deberá realizar una declaración pública reconociendo su responsabilidad internacional por los abusos cometidos en este caso.
Prevención institucional: Implementar un protocolo especializado y obligatorio para que fiscales, jueces y cuerpos policiales investiguen e impidan con rigor todo escenario de tortura o maltrato a nivel nacional.
Esta resolución de la justicia interamericana marca un precedente definitivo sobre los límites del poder estatal en el manejo de centros de reclusión civil y militar, abriendo un nuevo capítulo en el debate sobre la justicia transicional, la defensa de los derechos fundamentales y la reestructuración del sistema penitenciario en el país.
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EL REGIONAL DEL ZULIA
