Sucesos El asesinato a tiros del chofer venezolano Daniel José Cedeño Alfonso de 33 años, ocurrida el pasado 4 de octubre en cerca del hospital María Auxiliadora, en San Juan de Miraflores, en Lima, Perú; originó un paro general de transporte en la zona, que fue suspendido el pasado lunes, tras una mediación entre los manifestantes y representantes del Gobierno.
«Tomamos la temperatura y si en esta semana esta situación se agudiza o hay un evento parecido, apagamos motores, no solamente en la zona de San Juan de Lurigancho, sino en todo Lima. No estamos de acuerdo con las marchas y esperamos que la población entienda que si apagamos motores, no solamente es una posición empresarial, es una posición ciudadana», manifestó el presidente de la Cámara Internacional del Transporte (CIT), Martín Ojeda.
El crimen ocurrió cuando el venezolano conducía una unidad de la empresa Lipetsa y fue atacado a tiros. Según medios locales, las autoridades tardaron cerca de 20 minutos en llegar al sitio y auxiliar al chofer. Por su parte, los compañeros de Cedeño indicaron, que él no había recibido amenazas.
La víctima fue interceptado durante su jornada laboral, cuando el bus avanzaba en dirección a la avenida Los Héroes. Una motocicleta se detuvo a corta distancia y uno de los ocupantes descendió para disparar directamente contra el conductor, en medio del tráfico detenido.
Se paralizó el tráfico
La medida, que incluyó bloqueos de calles, quema de neumáticos y marchas, afectó a miles de ciudadanos que intentaron movilizarse por la capital peruana.
El paro fue convocado por la Asociación Nacional de Transporte Urbano (Anitra), uno de los gremios más grandes del sector, tras sumarse esta nueva muerte a los asesinatos ocurridos en los últimos meses. “Estamos en huelga porque el gobierno no nos hace caso. Nos duele la cantidad de muertes que se producen debido a la extorsión”, declaró Marco Valer, trabajador de transporte público.
Ante el crimen, la empresa de transporte Lipetsa, conocida como «Los Triángulos», paralizó también sus actividades y exigieron ciertas medidas de seguridad al Estado para seguir prestando servicio.
La mediación para suspender la paralización contó con la participación del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa; el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes Espejo; el ministro del Interior, Carlos Malaver Odias; y el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval Pozo. También estuvieron presentes representantes de las empresas de transporte urbano que operan en Lima y Callao, quienes expusieron los principales problemas que afectan al sector.
”No fue extorsión, era venezolano”
Pese a que los compañeros de la víctima vincularon el ataque a posibles extorsiones, y que representantes de la empresa para la que laboraba revelaron que desde hace meses vienen recibiendo amenazas de dos grupos criminales que exigen pagos ilegales a cambio de no atentar contra sus trabajadores o unidades; las declaraciones del titular del Interior tras la reunión con los manifestantes, fueron interpretadas como un acto de discriminación y xenofobia contra la diáspora venezolana, generando una avalancha de críticas en redes sociales.
Usuarios, analistas y gremios transportistas denunciaron que el ministro intentaba minimizar la crisis de seguridad con argumentos fuera de lugar, responsabilizando indirectamente a la nacionalidad de la víctima en lugar de al crimen organizado. “Era venezolano, no fue extorsión”, dijo el alto funcionario.
Mientras tanto la incertidumbre crece entre los choferes, quienes aseguran que sus vidas están en constante peligro, incluso si acceden a las exigencias de los delincuentes.
