Política.- La ONG Provea denunció que la representación del Gobierno de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mantiene una narrativa de ataques y criminalización de ONG en la ONU. Según la organización, la administración de Delcy Rodríguez acusó a activistas de recibir financiamiento externo y de ser «agentes desestabilizadores» durante una sesión el 3 de marzo, replicando un patrón documentado desde 2021.
Esta postura oficial genera preocupación en organizaciones no gubernamentales que operan en regiones como el Zulia, donde también realizan labores de defensa de derechos humanos y asistencia social. La criminalización de su trabajo puede restringir el espacio cívico para la sociedad civil en todo el país.
Patrón de ataques en Ginebra contra defensores de DDHH
Provea indicó que la administración venezolana copió textualmente declaraciones de intervenciones anteriores durante la sesión. Este patrón de ataques ha sido documentado por la ONG desde el 5 de marzo de 2021 y no muestra señales de cambio.
La organización subrayó que «criminalizar a quienes defienden derechos humanos ante mecanismos internacionales no es retórica, sino parte del mismo andamiaje represivo«. Este accionar persigue, encarcela y fuerza al exilio a activistas en Venezuela.
La ONG presentó un documento que la representación del Gobierno de Venezuela depositó ante el Consejo de Derechos Humanos. Aunque el texto no fue leído durante la sesión del 3 de marzo, su contenido «mantiene su línea de ataques y descalificaciones» contra las personas defensoras de derechos humanos.
Acusaciones recurrentes ante la ONU
Un extracto del texto gubernamental señala que se «respalda la labor de los defensores de los derechos humanos» pero rechaza «categóricamente que algunas personas pretendan instrumentalizar esta labor con fines políticos para promover acciones de desestabilización interna». El documento añade que «ningún defensor verdadero de derechos humanos puede involucrarse en la planificación o ejecución de acciones de violencia».
Provea explicó que estas afirmaciones son una copia textual de la intervención gubernamental durante la presentación del informe de la relatora Lawlor el año anterior, específicamente el 6 de marzo de 2025, según la ONG. En aquella ocasión, también acusaron a «personas, políticamente motivadas y financiadas desde el extranjero» de usar la causa de los derechos humanos para desestabilizar al Gobierno venezolano.
Informes de la Relatoria
Estas acusaciones no son aisladas, sino que forman parte de un patrón instalado por los representantes del gobierno de Nicolás Maduro en Ginebra desde el 5 de marzo de 2021, al responder a los informes de la Relatora Especial. En ese momento, se refirieron a «ciertas organizaciones que, cobijadas bajo el manto de los derechos humanos, generan violencia con fines de desestabilización política».
Dos años más tarde, el 15 de marzo de 2023, los representantes venezolanos descalificaron el informe de la Relatora Especial por incluir el caso de la defensora de derechos humanos Vanessa Rosales. Rosales estuvo privada de libertad arbitrariamente durante ocho meses por ayudar a una adolescente a interrumpir un embarazo producto de una violación.
Provea finalizó su denuncia calificando de inaceptable que la administración de Delcy Rodríguez mantenga el patrón de ataque contra los defensores de derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La ONG aseguró que la criminalización de ONG en la ONU por parte de agentes del Estado evidencia una intención clara de sostener la persecución a través de las estructuras represivas en el país.
