INTERNACIONALES.- En una clara y frontal declaración que disipa cualquier vestigio de duda sobre el futuro político del país, el mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, sentenció este fin de semana que su administración impedirá de manera definitiva la celebración de comicios libres que permitan a la oposición disputar el control del Estado.
Las afirmaciones fueron emitidas durante una masiva concentración pública en la capital para conmemorar el cuadragésimo séptimo aniversario de la revolución sandinista. Ante miles de simpatizantes, el dirigente de 80 años, quien gobierna ininterrumpidamente desde 2007, fue enfático en su rechazo a las vías democráticas tradicionales.
“Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, proclamó el mandatario ante la multitud.
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Blindaje legal y la sombra del fantasma “golpista”
Durante su discurso, el líder sandinista arremetió contra los opositores exiliados, a quienes acusó de permanecer “agazapados” con el presunto objetivo de enriquecerse a través del acceso a cargos públicos. Asimismo, adelantó que articulará una estrategia legislativa directa con la Asamblea Nacional —actualmente bajo subordinación absoluta del Ejecutivo— para blindar institucionalmente el sistema político.
El objetivo, según explicó, es erigir un marco normativo que sirva de «muro y bloque» contra los sectores que califica de “golpistas” y “vendepatrias”, descalificando de antemano cualquier financiamiento o apoyo internacional proveniente de Estados Unidos.
Esta postura coincide con el proceso de reingeniería estatal concretado a comienzos de 2025, cuando entró en vigencia una profunda reforma a la Constitución Política. Dicha modificación estructural eliminó el principio de separación e independencia de los poderes públicos, transformándolos en “órganos coordinados” por la Presidencia, amplió el período presidencial de cinco a seis años y legalizó de manera formal la figura de la apatridia.
Bajo este nuevo esquema jurídico, el calendario electoral original que preveía comicios generales para noviembre de 2026 fue desplazado en la práctica hacia el año siguiente, mientras que Rosario Murillo —quien fungía como vicepresidenta desde 2017— fue investida oficialmente como «copresidenta» en febrero de 2025.
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Condena internacional y la respuesta de Washington
La deriva autoritaria del tándem gobernante ha generado un profundo rechazo en la comunidad internacional, sumando severas críticas por parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), el Parlamento Europeo y la administración estadounidense.
En enero pasado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió duras descalificaciones contra Murillo, acusándola de haber inventado el rango de copresidenta al margen de la voluntad popular, sin mandato legítimo y consciente de su incapacidad para imponerse en una contienda abierta y competitiva.
“El poder basado en la represión y la manipulación constitucional no es la voluntad del pueblo nicaragüense”, advirtió en su momento la diplomacia estadounidense, señalando que la cúpula gobernante ha negado deliberadamente el derecho elemental al sufragio democrático.
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Solidaridad con Nicolás Maduro y críticas a Donald Trump
En el plano geopolítico, el discurso del líder sandinista trascendió las fronteras nacionales para manifestar su respaldo absoluto al depuesto mandatario venezolano, Nicolás Maduro. Ortega calificó de «monstruosidad» la operación ejecutada por fuerzas estadounidenses en Caracas en enero pasado, la cual culminó con la detención de Maduro y su posterior traslado a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcoterrorismo.
Ortega fustigó enfáticamente a la administración de Donald Trump y a las potencias occidentales, a las que acusó de actuar como “fieras diabólicas” empeñadas en saquear las riquezas de las naciones soberanas. Asimismo, denunció que sectores de la oposición cubana en el exilio estarían solicitando una intervención militar directa contra La Habana, exigiendo la captura del líder de la revolución cubana, Raúl Castro.
Con este panorama, el régimen nicaragüense consolida un modelo político hermético, desafiando abiertamente la presión diplomática de Occidente y cerrando de manera definitiva los canales institucionales para la alternancia pacífica del poder en el país centroamericano.
