NACIONAL. – La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este miércoles 08 de julio, la firma del nuevo Reglamento de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
Este instrumento legal, que surgió tras el análisis de 1.389 resoluciones y tras 83 años de espera, busca modernizar la industria petrolera y gasífera nacional.
Un impulso a la inversión y la seguridad jurídica
La aprobación de esta normativa se considera un avance para la industria matriz venezolana. Según lo informado, el reglamento tiene como objetivo principal proporcionar reglas claras y seguridad jurídica para fomentar la cooperación entre el Estado y los capitales privados, tanto nacionales como extranjeros-.
Con este nuevo marco, se busca:
- Destrabar trámites burocráticos y optimizar procesos técnicos en los campos de explotación.
- Dinamizar la captación de capitales para apalancar los planes de reconstrucción nacional.
- Garantizar la eficiencia operativa y la sostenibilidad del sector.
Recuperación nacional tras la contingencia telúrica
Un aspecto clave de este anuncio es su vinculación con la reconstrucción del país tras el doble sismo del pasado 24 de junio. La presidenta (E) enfatizó que el fortalecimiento de la actividad energética permitirá recuperar la infraestructura afectada por los eventos sísmicos.
“Venezuela renacerá con mucha más fuerza y unión nacional”, manifestó la mandataria durante el acto oficial.
Por su parte, la ministra del Poder Popular para Hidrocarburos, Paula Henao, señaló que el reglamento permitirá ordenar e instrumentalizar la aplicación de la ley en todas las dependencias operativas del territorio, asegurando un control efectivo de los recursos.
Hacia una potencia energética global
El objetivo final de esta reforma es transformar las vastas reservas de Venezuela en desarrollo concreto y consolidar al país como una potencia energética en el mercado internacional.
Al adaptar la industria a las altas exigencias de competencia global, las autoridades proyectan un incremento en la soberanía económica y la generación de recursos destinados al bienestar de la población.
