Internacionales.- Las familias de dos hombres de Trinidad y Tobago que murieron en las decenas de ataques de Estados Unidos contra presuntas narcolanchas en el Caribe y Pacífico oriental, en los últimos meses, demandaron este 27 de enero a la Administración de Donald Trump.
La querella fue presentada en un tribunal de Boston y representa el primer proceso judicial ante las decenas de embestidas contra embarcaciones que han dejado al menos 120 personas muertas desde el pasado septiembre.
Abogados de derechos civiles y en representación de las familias de dos hombres de Trinidad y Tobago que, aseguran, murieron en ese tipo de embestidas presentaron una demanda ante el tribunal de Boston este martes 27 de enero.
La acusación señala a Washington como responsable de ejecución extrajudicial y de causar la muerte de las víctimas por negligencia.
«Estos son asesinatos ilegales a sangre fría; asesinatos por deporte y asesinatos teatrales”
En concreto, denuncian la muerte de Chad Joseph, de 26 años y de Rishi Samaroo, de 41, oriundos de Trinidad y Tobago, dos de las seis víctimas mortales con las que se saldó un ataque estadounidense el pasado 14 de octubre en el marco de la ofensiva de EE. UU. en la región, previo a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.
Los denunciantes afirman que ambos hombres realizaban trabajos de pesca y agricultura en Venezuela y que regresaban a sus hogares en Las Cuevas, Trinidad, cuando fueron atacados.
«Estos son asesinatos ilegales a sangre fría; asesinatos por deporte y asesinatos teatrales, por lo que necesitamos un tribunal que proclame la verdad y restrinja lo ilegal», declaró Baher Azmy, abogado de los demandantes del Centro de Derechos Constitucionales.
La demanda fue presentada por Lenore Burnley, madre de Joseph, y Sallycar Korasingh, hermana de Samaroo, y solicita una indemnización por daños y perjuicios al Gobierno estadounidense por las dos muertes, aunque no una orden judicial que impida nuevos asaltos.
Pero ese no ha sido el único ataque cuestionado. Según los datos difundidos por el propio Gobierno estadounidense, los asaltos–presuntamente contra barcos que transportaban drogas–apuntaron contra al menos 36 lanchas y dejaron 120 personas muertas.
Sin embargo, el Gobierno del líder republicano sigue sin mostrar pruebas que evidencien que esas personas transportaban narcóticos hacia territorio estadounidense, como ha justificado.
Este caso podría brindar una vía para que un tribunal evalúe si el ataque de ese 14 de octubre fue legal, así como el resto de embestidas en el marco de la misma operación tras el inicio del despliegue naval de Washington en la región el pasado agosto, y cuyos ataques en el mar iniciaron en septiembre.
La Administración Trump ha calificado estas acciones bélicas perpetradas bajo la dirección del secretario de Defensa, Pete Hegseth, como una “guerra contra los cárteles de droga”, alegando que se trataba de grupos armados. También ha asegurado que sus ataques cumplen con las normas internacionales conocidas como el derecho de la guerra o el derecho de los conflictos armados.
“Deben rendir cuentas»
Sin embargo, esas embestidas han suscitado el escrutinio de los demócratas y de algunos republicanos en el Congreso, que no ha autorizado ataques contra los cárteles de la droga, y la condena de grupos de derechos humanos.
Expertos legales han señalado previamente que los cárteles de la droga no encajan en la definición internacional aceptada de grupo armado.
Captura de video publicado por el secretario de Defensa de EE. UU. Pete Hegseth, el 28 de octubre de 2025, con el que aseguró que un día antes el Ejército de su país mató a 14 supuestos traficantes de drogas en cuatro ataques contra embarcaciones en el Pacífico Oriental. Una persona sobrevivió.
Además, la demanda presentada este martes argumenta que el asesinato de Joseph y Samaroo es un caso fuera de un conflicto armado, ya que no participaban en hostilidades militares contra Estados Unidos. Por tanto, sostienen, constituyó asesinato y debería considerarse homicidio culposo en alta mar y ejecución extrajudicial según el derecho internacional.
«Si el Gobierno estadounidense creía que Rishi había cometido algún delito, debería haberlo arrestado, acusado y detenido, no asesinado (…) Deben rendir cuentas», remarcó Korasingh.
Fuente: Reuters y EFE.
El Regional del Zulia.
