INTERNACIONAL.-El Gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, emitió este jueves la Licencia General N° 60. Esta medida autoriza de forma excepcional la ejecución de transacciones financieras hacia Venezuela que previamente se encontraban prohibidas bajo el Reglamento de Sanciones contra Venezuela (VSR, por sus siglas en inglés).
La flexibilización temporal tiene como único propósito facilitar de manera inmediata las «labores de socorro» y asistencia humanitaria en el país. La orden administrativa establece como fecha límite de vigencia el próximo 23 de octubre de 2026.
Alcance y limitaciones de la directriz
A pesar de la apertura para canalizar fondos de emergencia, el marco legal de Washington mantiene un estricto control sobre el esquema general de sanciones.
El Departamento del Tesoro aclaró de forma taxativa los siguientes puntos:
Bienes congelados: La directriz no incluye, bajo ninguna circunstancia, el desbloqueo o liberación de bienes o activos retenidos que estén sujetos al reglamento de sanciones de la OFAC.
Otras restricciones: La medida tampoco aplica a ninguna otra transacción, entidad o actividad prohibida por Órdenes Ejecutivas vigentes o capítulos preestablecidos dentro del régimen de sanciones aplicadas a la nación.
Contexto de la flexibilización: Desde la captura de Nicolás Maduro en enero pasado, la administración estadounidense ha administrado de forma controlada la emisión de permisos y licencias en el ámbito comercial y de explotación petrolera de la mano de la gestión interina de Delcy Rodríguez.
Sin embargo, la gravedad de la contingencia actual motivó una respuesta expedita de carácter humanitario.
Una tragedia sin precedentes recientes
La respuesta internacional de emergencia responde al impacto de un fenómeno sísmico de alta intensidad clasificado como un «doblete». El territorio nacional sufrió el embate de dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,4 que se registraron de forma sucesiva con una diferencia de apenas 39 segundos, consolidándose como uno de los eventos naturales más destructivos de la historia contemporánea del país.
Previo a este dictamen financiero, el Departamento de Estado de los EE. UU. ya había anunciado una asignación presupuestaria de 100 millones de dólares dirigidos a la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) operando en Venezuela, complementada con fondos adicionales para robustecer el despliegue civil de asistencia médica y de rescate en las zonas afectadas.
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