En una serie de decretos que han pasado casi desapercibidos bajo el estruendo de la Ley de Amnistía, la administración de la presidenta encargada Delcy Rodríguez ha iniciado lo que expertos califican como una “purga institucional”.
La supresión y liquidación de siete entes clave, incluyendo misiones emblemáticas y el polémico CESPPA (Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria), abre una interrogante urgente: ¿Estamos ante un Estado que busca la eficiencia o ante un sistema que borra sus propias huellas?
Durante años, el modelo de gobierno se basó en la creación de entes que duplicaban las funciones de los ministerios. La reciente eliminación de la Fundación Misión Jóvenes de la Patria “Robert Serra” y de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE) marca el fin de esa era.
Según el argumento oficial, se busca “elevar la eficiencia administrativa” y centralizar la gestión para reducir el gasto público. Con un presupuesto nacional para 2026 que destina el 77,8% a la inversión social, el gobierno asegura que eliminar estos entes permite que el dinero llegue directamente a la gente sin pasar por intermediarios burocráticos.
Para algunos economistas esta centralización no garantiza transparencia. Al liquidar estos entes, se pierden también los registros, nóminas y manejos financieros de años anteriores, justo en un momento donde la comunidad internacional y los nuevos aliados (incluida la administración de EE UU) exigen cuentas claras para seguir invirtiendo en el país.
El CESPPA: ¿Menos control o nueva estrategia? Esta es la gran pregunta, luego que la joya de la corona en esta reestructuración, es la eliminación del CESPPA, el organismo creado en 2013 para clasificar información “sensible” y vigilar la “actividad enemiga”.
Para muchos, es un gesto de buena voluntad en el marco de la reconciliación nacional. Eliminar un ente percibido como herramienta de censura y persecución política limpia la imagen del Ejecutivo.
Sin embargo, analistas de seguridad sugieren que más que una eliminación, es un traslado de poder. Al suprimir estos entes, la inteligencia y el manejo de recursos estratégicos vuelven al control directo del Despacho de la Presidencia, concentrando el mando en menos manos.
La gran duda del “venezolano de a pie” es si el cierre de estas fundaciones significará una mejora en su calidad de vida, por lo que su pregunta es ¿A dónde va ese dinero?
Se estima que la liquidación de estas estructuras reduce el gasto en personal y mantenimiento de sedes en un 12% anual, según advierten expertos en el área financiera a través de sus cuentas en redes sociales.
El gobierno ha prometido que estos recursos irán a la “Feria del Campo Soberano” y a la recuperación del sistema eléctrico nacional. Sin embargo, no existe un mecanismo de auditoría independiente que confirme que el ahorro se esté reinvirtiendo y no simplemente “desapareciendo” en la transición administrativa.
Para muchos resulta suspicaz que el mismo gobierno que durante años defendió las misiones como el “alma de la Revolución”, hoy las liquide bajo la etiqueta de “modernización”.
Podría creerse entonces que no se trataría de ahorrar, se trataría de redefinir quién tiene la llave de la caja y quién controla la información en la nueva Venezuela que se está negociando. Sin embargo, a este interinato gubernamental le queda mucha tela por cortar. Toca esperar a ver el resultado de esta poda institucional, que no solo está alcanzando organismos emblemas, sino también a figuras emblemas cono el recién sustituido ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López.
