Nacional.- Venezuela atraviesa un laberinto económico donde el salario mínimo, estancado en 130 bolívares desde marzo de 2022, se ha convertido en una pieza de museo contable. Mientras la canasta alimentaria ronda los $645,67, el debate sobre un aumento real se encuentra secuestrado entre dos visiones opuestas: la de un sector empresarial que exige reformar la ley para poder pagar, y un Ejecutivo que impulsa una “Constituyente Laboral” bajo sospechas de exclusión sindical.
Jorge Roig, representante de Fedecámaras ante la OIT, encendió la polémica al afirmar que es “imposible” un aumento salarial importante sin modificar la Ley Orgánica del Trabajo (LOTTT). El argumento central es el recálculo de las prestaciones sociales.
“En tiempos de inflación, para alguien con 26 años de antigüedad, le das un aumento de 10 dólares y el costo es imposible de pagar para la empresa debido a la retroactividad”, sostuvo Roig.
La propuesta empresarial es una Ley de Emergencia Laboral que permita subir el ingreso directo sin que este impacte inmediatamente los pasivos laborales. Sin embargo, esta postura es catalogada como una “media verdad”. Si bien el impacto financiero es real para las empresas, jurídicamente nada impide al Ejecutivo decretar un aumento hoy mismo. El artículo 91 de la Constitución es taxativo: el Estado debe garantizar un salario ajustado periódicamente según el costo de la canasta básica.
La “Constituyente Laboral” de Delcy Rodríguez
Tras los eventos políticos del 3 de enero de 2026, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha tomado las riendas del debate. Su respuesta ha sido la convocatoria a una Constituyente Laboral, un proceso que promete un “nuevo modelo” basado en encuestas a través del Sistema Patria.
No obstante, el optimismo oficialista choca con la denuncia de las bases. Organizaciones sindicales autónomas y especialistas como la abogada Jacqueline Richter denuncian que han sido excluidos de las mesas de diseño.
El fantasma de la “Bonificación”: Hasta ahora, el Gobierno ha optado por indexar bonos (Guerra Económica y Alimentación) que suman unos $160, pero que no tienen incidencia en prestaciones, vacaciones ni aguinaldos. Los trabajadores exigen que estos montos se “salaricen” para recuperar el valor del ahorro a largo plazo.
Un Conflicto de Derechos vs. Sostenibilidad
El tablero se divide en tres frentes críticos:
Sindicatos (CTV y Universidades): Exigen el cumplimiento del Art. 91. Han llevado demandas al TSJ alegando que la ausencia de aumentos anuales es inconstitucional.
Sector Privado (Fedecámaras/Conindustria): Advierten que sin flexibilizar la LOTTT, un aumento robusto quebraría a las empresas o dispararía la inflación.
Estado: Promete mejoras a través de nuevos ingresos petroleros, pero mantiene la opacidad sobre si habrá un nuevo sueldo base o más bonos.
Un Problema Estructural, no Jurídico
El análisis periodístico demuestra que la legislación actual es una herramienta, no un obstáculo. El verdadero nudo es estructural. Venezuela entra en el segundo trimestre de 2026 con una brecha abismal: un salario mínimo que representa apenas el 0,05% del costo de la comida para una familia.
Mientras la “Constituyente Laboral” avanza entre consultas digitales y exclusiones presenciales, la clase obrera venezolana sigue esperando que el sueldo deje de ser una cifra simbólica y recupere su función vital: permitir una vida digna.
