Nacionales.- Un informe entregado por las autoridades salvadoreñas a la oficina de derechos humanos de la ONU, niega tener control sobre los 252 migrantes venezolanos y unos 50 de otras nacionalidadades, trasladados de manera irregular por EEUU a la mega prisión de Nayib Bukele.
La información asegura que la administración Trump mantiene el control sobre los hombres venezolanos que fueron deportados desde Estados Unidos a una prisión salvadoreña, lo que contradice las versiones públicas ofrecidas por funcionarios de ambos países.
Estos nuevos datos se incluyeron en documentos judiciales presentados el lunes por abogados de más de 100 migrantes que buscan impugnar sus deportaciones a la mega prisión de El Salvador, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
En una carta dirigida a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las autoridades salvadoreñas explicaron que «la jurisdicción y la responsabilidad legal sobre dichas personas recaen exclusivamente en las autoridades extranjeras competentes».
La ONU se ha tomado su tiempo para investigar el destino de los hombres que fueron enviados a El Salvador desde Estados Unidos a mediados de marzo, a pesar de que un juez estadounidense ordenó que los aviones que los transportaban se regresaran.
Alguien miente
Sobre la información revelada por autoridades salvadoreñas, destaca el contraste que tienen con lo declarado hasta ahora por la administración de Donald Trump.
Washington argumenta que no tiene poder para devolver a los hombres, señalando que están fuera del alcance de los tribunales estadounidenses y ya no tienen acceso a derechos de debido proceso u otras garantías constitucionales de Estados Unidos.
Sin embargo, los abogados de las víctimas sostienen que «El Salvador ha confirmado lo que nosotros y todos los demás entendíamos: es Estados Unidos quien controla lo que sucede con los venezolanos que languidecen en el CECOT. Sorprendentemente, el gobierno de Estados Unidos no proporcionó esta información a nosotros ni al tribunal», señaló Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles.
Skye Perryman, directora ejecutiva y presidenta de Democracy Forward, dijo que los documentos muestran “que la administración no ha sido honesta con el tribunal ni con el pueblo estadounidense”.
Tras conocerse esta nueva información, funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos, declinaron a hacer comentarios. En marzo, la administración Trump acordó pagar 6 millones de dólares para que El Salvador albergara a 300 migrantes. El acuerdo viciado e irregular, provocó una controversia inmediata cuando Trump invocó una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII, la Ley de Enemigos Extranjeros, para expulsar de país rápidamente a hombres que el gobierno acusa de ser miembros de la extinta banda venezolana Tren de Aragua. A ninguno de los detenidos se le ha demostrado relación con el desaparecido grupo criminal.
AP/ Últimas Noticias.
