Sucesos.- La migración venezolana, una de las más significativas en América Latina en la última década, ha estado marcada por el drama del desplazamiento forzado, la búsqueda de oportunidades y, más recientemente, por una creciente estigmatización.
En el centro de esta narrativa se encuentra el Tren de Aragua, una organización criminal nacida en Venezuela que ha expandido sus operaciones por el Continente. Su presencia ha servido como catalizador para discursos xenofóbicos y políticas migratorias restrictivas, especialmente en países receptores como Chile, Perú, Colombia y Estados Unidos.
La vinculación de la diáspora venezolana con los crímenes del grupo delictivo transnacional Tren de Aragua se intensifica cada vez más desde los medios de comunicación y gobiernos, pese a que no existen pruebas contundentes que lo sostengan.
Delitos como extorsiones, trata de personas, secuestros y asesinatos, cometidos por el Tren de Aragua, primero en Venezuela y luego en algunos lugares del continente americano, refuerzan la narrativa xenofóbica en contra de una diáspora venezolana que, en simultáneo, busca mejores opciones de vida fuera del país.
En medio de este panorama, a muchos migrantes venezolanos se les vincula casi de forma inmediata con los actos criminales del Tren de Aragua. Pese a estos señalamientos, varias organizaciones de derechos humanos han revelado a través de informes que la mayoría de los venezolanos en el extranjero no están vinculados con la banda delictiva transnacional.
Un tren sin frenos
El Tren de Aragua surgió entre 2012 y 2014 en el estado Aragua, inicialmente como una banda vinculada al sindicato que controlaba un tramo del ferrocarril de Aragua que se encontraba en construcción y luego consolidada en la cárcel de Tocorón bajo el liderazgo de Héctor “Niño Guerrero”.
Por aproximadamente 13 años, el Tren de Aragua acumuló poder y reunió capital dentro de las instalaciones de Tocorón al realizar extorsiones internas a los propios privados de libertad. Desde allí, la organización se transformó en una megabanda transnacional, involucrada en delitos como extorsión, trata de personas, narcotráfico y homicidios.
Sin embargo, las operaciones del Tren de Aragua no se limitaron solo a Venezuela. Una de las razones que facilitó su crecimiento y expansión por países de la región fue la crisis humanitaria y económica que atravesó el país desde 2016, aprovechando rutas terrestres y redes carcelarias para establecer células en países como Colombia, Chile, Perú, Brasil, México y Estados Unidos.
Ahora, una de las mayores consecuencias generadas por las acciones delictivas del Tren de Aragua es la forma en la que se percibe a los migrantes venezolanos en varios países de la región como Colombia, Chile y Perú.
Consecuencias de su expansión
La notoriedad del Tren de Aragua ha generado una asociación automática entre migrantes venezolanos y criminalidad, alimentada por discursos políticos y cobertura mediática sensacionalista. En Chile, por ejemplo, el asesinato del coronel Ojeda en Maipú, presuntamente vinculado a miembros del Tren, desató una ola de rechazo hacia la comunidad venezolana.
Por su parte, en Estados Unidos, Trump se ha enfocado en endurecer las políticas migratorias, según él, para detener el ingreso de personas con antecedentes penales o criminales a territorio estadounidense. Por ello, hizo hincapié en que tendría tolerancia cero con grupos criminales como el Tren de Aragua, a los que declaró como organización terrorista extranjera.
Entre las consecuencias más graves y recientes de la estigmatización en EE UU contra la diáspora venezolana se encuentra el traslado de 252 migrantes venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, señalados como supuestos miembros del Tren de Aragua, al Centro de Confinamiento del Terrorismo, SECOT, en El Salvador, sin pruebas concluyentes de vínculos con esta banda criminal.
Estos detenidos, quienes han denunciado tratos inhumanos dentro del Cecot, fueron utilizados como ficha de canje por la Administración Trump por 10 presos políticos estadounidenses y 80 venezolanos, que se encontraban detenidos en Venezuela acusados de terroristas.
Un informe del Departamento de Seguridad Nacional afirmó que el gobierno de Estados Unidos tenía conocimiento de que al menos 130 de estos detenidos no tenían registro criminal o cargos pendientes en ese país. A pesar de estos datos, Donald Trump calificó como violadores, salvajes y, monstruos, a los venezolanos deportados al CECOT.
La falta de claridad del gobierno estadounidense sobre el traslado de los venezolanos al CECOT mantuvo a decenas de familias venezolanas en vilo, denunciando violaciones al debido proceso y que sus familiares no pertenecen al Tren de Aragua.
Excusa para justificar la poca seguridad ciudadana
Organismos como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) han señalado que menos del 0,1 % de los migrantes venezolanos en EE. UU. tienen vínculos con el Tren de Aragua. Además, informes de derechos humanos revelan que la mayoría de los migrantes son víctimas, no perpetradores, y que la criminalización responde más a intereses políticos que a realidades delictivas.
La periodista Ronna Rísquez, autora del libro El Tren de Aragua, advierte que el grupo ha sido usado como “excusa para justificar la ineficiencia en seguridad ciudadana” y como herramienta para criminalizar la migración. “No se niega la existencia de la banda, pero hay que ponerla en contexto”, afirma
La estigmatización de la migración venezolana a través del Tren de Aragua revela una peligrosa simplificación del fenómeno migratorio. Si bien es necesario combatir el crimen organizado, también lo es proteger los derechos de millones de venezolanos que huyen de la crisis y buscan una vida digna. La narrativa debe cambiar: de miedo y sospecha, a comprensión y solidaridad.
