Nacional.- La captura en Colombia de cuatro integrantes del Tren de Aragua ha desatado una disputa diplomática y judicial entre Chile y Venezuela, luego de que ambos países busquen por todas las vías lograr que el Gobierno de Gustavo Petro les conceda su extradición.
A raíz de las investigaciones de la fiscalía chilena y en el marco de los convenios de cooperación, las autoridades capturaron en Colombia a los cuatro integrantes de este grupo criminal que se ocultaban en ese país, identificados como Dayonis Orozco, alias «El Botija»; Carlos Gómez, alias «Bobby»; Luis Alfredo Carrillo, alias «Gocho»; y Larry Álvarez, alias «Larry Changa»; todos vinculados a la investigación sobre el secuestro y asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda en Chile, caso por el cual el régimen de Nicolás Maduro volvió a quedar en la mira de la Corte Penal Internacional.
La Fiscalía chilena considera que los detenidos, por su alto perfil delincuencial, podrían ser testigos directos para esclarecer el caso del teniente Ojeda y exponer la posible complicidad de altos funcionarios venezolanos es este crimen, además de demostrar una alianza entre el régimen venezolano y la organización criminal transnacional.
Por su parte, Venezuela exige la extradición de los capturados, argumentando que deben ser juzgados en su país. Sin embargo, la decisión final recae en el presidente colombiano Gustavo Petro, quien debe evaluar los riesgos de entregar a los criminales a un país donde no se garantiza un juicio justo, frente a la posibilidad de que colaboren con la justicia chilena y contribuyan a desarticular las operaciones del Tren de Aragua.
Alias El Botija, alias Bobby, alias Gocho y alias Larry Changa, están hoy detenidos en la cárcel La Picota de Bogotá.
Asesinato político de Ojeda es la clave
El teniente Ronald Ojeda fue un desertor del ejército venezolano al que integrantes del Tren de Aragua, disfrazados de policías, sacaron de su casa en Santiago de Chile en la madrugada del 21 de febrero de 2024.
Su cuerpo fue enterrado debajo de una construcción y hallado con signos de asfixia y tortura. Los resultados de la investigación de este crimen, dieron pie a que la Fiscalía chilena confirmara que la orden para asesinarlo provino del propio gobierno de Nicolás Maduro, y así lo denunciaron ante la Corte Penal Internacional, lo cual desató una crisis política y diplomática entre Chile y Venezuela; mientras tanto Maduro acusa al Gobierno de Gabriel Boric de apoyar a los fascistas que atentan contra su estabilidad en el poder.
Directo a la Corte Penal Internacional
El Fiscal General de Chile, Ángel Valencia, aseguró en una entrevista transmitida por Noticias Caracol que lograron reunirse con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karin Khan, ante quien presentaron los antecedentes generales sobre el secuestro y homicidio por motivaciones de naturaleza políticas del teniente Ronald Ojeda, quien se encontraba en Chile en calidad de refugiado político.
Por su parte el presidente chileno Gabriel Boric, dijo no confiar en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela.
En la mitad de esta disputa está el gobierno de Colombia, que tiene la última palabra para decidir sobre su extradición. Noticias Caracol conoció que, en el caso de Dayonis Orozco, alias Botija, capturado en una carretera cerca a Popayán cuando intentaba pasar la frontera rumbo a Ecuador, su trámite de extradición estaba a un paso de concretarse y avanzaba sin tropiezos; pero quedó congelado en el Ministerio de Justicia y el Palacio de Nariño, a pesar de ser el segundo hombre más importante del Tren de Aragua en Chile y requerido por uno de los muchos homicidios que viene cometiendo la organización en ese país.
En este caso la Corte Suprema de Justicia de Colombia rindió concepto favorable y hasta el mismo presidente Gustavo Petro firmó a finales del año pasado su extradición, que pasados ya seis meses no ha podido ser ratificada, luego de que su defensa interpusiera un recurso de reposición que debe ser resuelto por el propio presidente de la República, que vuelve a quedar en la peligrosa encrucijada de elegir si entrega a este peligroso delincuente a Chile o a Venezuela.
La demora fue aprovechada por el régimen venezolano para atravesarse en el camino a Chile al pedir por su parte la extradición de El Botija, a través de una solicitud hecha por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab.
Noticias Caracol tuvo acceso a la solicitud hecha por el fiscal venezolano y publicó un estrato de ella:
“El 9 de abril de 2024 se recibió solicitud de asistencia mutua requerida por la República de Chile. Se pudo constatar la existencia de una banda criminal que opera dentro de la República de Venezuela y demás países de Latinoamérica, destacando el hecho ocurrido el 21 de febrero de 2024, donde sujetos identificados en la investigación como alias Bobby, alias Botija y alias El Turco, ejecutaron acción de manera conjunta”.
Las preguntas ante esta solicitud son muchas, y una de ellas es por qué piden en extradición a alias El Botija por el crimen de Ronald Ojeda, un asesinato que ocurrió en Chile y no en Venezuela; así como por qué Venezuela abrió este proceso de extradición tomando como base las pruebas que la propia Fiscalía chilena pidió practicar a modo de asistencia mutua con Venezuela. Tal como consta en el documento de petición publicado.
Torpeza judicial
Zair Mundaray, ex fiscal venezolano, indicó que “al reclamar competencia territorial en este caso, Venezuela incurre en una contradicción y en un acto de torpeza jurídica”. Según Mundaray, con esta solicitud de Venezuela está reconociendo implícitamente que participó en la planificación del crimen, algo que ha negado el régimen, en voces de su actual ministro Diosdado Cabello: “nosotros no secuestramos a nadie, el que secuestra es Chile”.
Con estos argumentos judiciales Venezuela no tendría competencia territorial para investigar este crimen, porque es un hecho que no ha ocurrido en territorio venezolano, al menos que aceptes que sí fue planificado en Venezuela.
El ex alto funcionario de la fiscalía venezolana también explicó que la solicitud viola las reglas en materia de asistencia judicial, porque la información que obtengas de allí debes remitirla al país requirente, es decir, Venezuela debe enviar la información a Chile, pero no puede hacer uso de ella porque existen unas prohibiciones que están exactamente en la norma.
Afán por extraditables
El caso de Carlos Gómez, alias Bobby, uno de los jefes del Tren de Aragua en Chile, es similar al del Botija. La Corte Suprema de Justicia en Colombia acaba de avalar su extradición a Chile, sin embargo, tendrá que pronunciarse sobre el repentino pedido de extradición que también llegó desde Venezuela, y otra vez el presidente Petro tiene la última palabra.
Quizá el caso donde se evidencia un mayor afán por parte de Venezuela en atravesarse en el caso del teniente Ojeda, es el de Luis Alfredo Carrillo Ortiz, alias Gocho, capturado en Boyacá y acusado de sepultar el cuerpo del militar desertor. La fiscalía chilena lo acusa de haber intentado desaparecer el cuerpo, metiéndolo en una maleta con cal, y después enterrándolo bajo cemento en una construcción en un barrio de Santiago de Chile. Fotografías, chats y múltiples testimonios demuestran que la orden era borrar cualquier huella y en este episodio alias Gocho tiene toda la información.
Juan Pablo Glasinovic, director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional de Chile, declaró a Noticias Caracol sobre estos casos que dejan claro el interés de Venezuela de impedir que estos extraditables pisen suelo chileno, sosteniendo que “Venezuela, por su propia Constitución, prohíbe la extradición de sus nacionales. Por lo tanto, si esta hipótesis llegara a concretarse, y estas personas fueran enviadas a Venezuela, significaría que no las podríamos extraditar a Chile en concreto. Lo que obviamente para la perspectiva de nuestras investigaciones, no sería para nada positivo”.
Para las autoridades chilenas, y así lo han hecho saber sus altos funcionarios en sus declaraciones públicas, no hay duda de que esta estrategia de Venezuela, al pedir en paralelo la extradición de los integrantes del Tren de Aragua capturados en Colombia, solo busca ocultar la responsabilidad del régimen por crímenes ocurridos más allá de sus fronteras.
Estos casos de posibles extradiciones de integrantes del Tren de Aragua avivan una crisis diplomática entre Chile y Venezuela, aumentando la tensión en la región y poniendo a prueba los mecanismos de cooperación judicial entre los países latinoamericanos.
