Internacionales.- El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, solicitó este martes a la Corte Suprema una condena contra el expresidente Jair Bolsonaro y siete de sus antiguos colaboradores por su intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023. Los acusados, entre ellos exministros y militares, enfrentan cargos por delitos con penas que podrían alcanzar los 40 años de prisión.
Gonet argumenta que los acusados deben ser condenados por cinco delitos: golpe de Estado, organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho, daño cualificado por violencia grave o amenaza y deterioro de patrimonio protegido.
El fiscal señaló que existe un amplio conjunto de pruebas, las cuales incluyen manuscritos, archivos digitales, intercambio de mensajes y documentos, que revelan «la trama conspiratoria contra las instituciones democráticas».
A eso se le suman los interrogatorios, realizados a lo largo de la causa, que evidenciaron la participación de los acusados en «una organización criminal» que buscó «impedir el funcionamiento de los poderes y derrocar un gobierno legítimamente electo, además de la destrucción de edificios públicos», indicó la Fiscalía.
Entre los demás implicados, figuran Mauro Cid (teniente coronel y ex-ayudante de órdenes), Walter Braga Netto (general y exministro), Alexandre Ramagem (diputado y exdirector de la Abin), Almir Garnier (almirante y excomandante de la Marina), Anderson Torres (exministro de Justicia), Augusto Heleno (general y exministro del GSI), y Paulo Sérgio Nogueira (general y exministro de Defensa).
Los hechos ocurrieron una semana después de la investidura del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, cuando miles de simpatizantes de ultraderecha vandalizaron las sedes de la Corte Suprema, el Congreso y la Presidencia para forzar una intervención de las Fuerzas Armadas que destituyera al mandatario progresista.
El fiscal general concluyó que los ocho acusados orquestaron acciones para garantizar su «permanencia autoritaria en el poder a través de tentativas de ruptura violenta del orden democrático».
Ahora los imputados deben presentar sus posiciones sobre los alegatos presentados por la Fiscalía, para que el juicio culmine su etapa final y se prepare la sentencia.
El tribunal prevé que puede ocurrir entre septiembre y octubre de 2025. Aunque estos ocho acusados son los señalados como líderes de la trama golpista, otra treintena de sospechosos están pendientes de juicio.
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