Nacionales.- El fiscal general Tarek William Saab saludó el pronunciamiento de un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quienes condenaron el traslado ilegal de migrantes venezolanos desde el territorio de Estados Unidos (EE. UU.) y su reclusión indefinida en campos de concentración de El Salvador.
“Los expertos denuncian que la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 habría sido aplicada incorrectamente, violando el debido proceso y el derecho internacional y señalan que muchas personas, incluso sin vínculos con pandillas, fueron deportadas arbitrariamente, exponiéndolas a riesgos graves en El Salvador, como torturas, condiciones carcelarias inhumanas y desapariciones forzadas”, enfatizó la primera autoridad del Ministerio Público (MP).
Con respecto al pronunciamiento de la ONU, los expertos expresaron su profunda preocupación por las cárceles de El Salvador, donde ha habido denuncias de decesos, torturas y malos tratos, violencia intracarcelaria y desapariciones forzadas. Igualmente, destacan que las condiciones carcelarias serían presuntamente inhumanas, contrarias a las normas internacionales.
El fiscal destacó que los expertos del organismo internacional critican la designación abusiva de pandillas como «terroristas» para justificar el uso de la ley, debido a que no constituyen una invasión según los requisitos legales. Además, exigen el cese inmediato de las deportaciones hasta que se respeten las garantías legales internacionales y que se garantice acceso al monitoreo independiente en las cárceles.
Saab señaló que el documento lo suscriben 18 expertos, miembros de comités y relatores en los temas de promoción y protección de los DD. HH. y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; desapariciones forzadas o involuntarias; discriminación contra las mujeres y las niñas; tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Finalmente, el texto añade aborda temas relacionados con las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; trata de personas, especialmente mujeres y niños; promoción de un orden internacional democrático y equitativo; DD. HH. y solidaridad internacional; independencia de los magistrados y abogados; y DD. HH. de los migrantes.
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