Tecnología.- En un movimiento que está captando la atención mundial, el gobierno de Zimbabue ha implementado una nueva normativa que afectará a los administradores de grupos en plataformas como WhatsApp.
A partir de ahora, aquellos que gestionen grupos en la aplicación deberán registrarse ante la Autoridad Reguladora de Correos y Telecomunicaciones de Zimbabue (POTRAZ), pagar una tarifa y cumplir con ciertos requisitos adicionales.
Es una medida que tiene como objetivo frenar la desinformación y aumentar la seguridad digital, según dicen las autoridades.
Una licencia obligatoria para los administradores
El gobierno de Zimbabue exige que los administradores de cualquier grupo en WhatsApp, ya sean comunitarios, religiosos o de negocios, obtengan una licencia para poder seguir gestionando sus comunidades virtuales.
Esta medida, según las autoridades, tiene como objetivo frenar la propagación de la desinformación y mejorar la seguridad digital en un contexto donde las plataformas sociales desempeñan un papel clave en la comunicación diaria.
Los costos asociados a esta licencia varían según el tamaño y alcance del grupo. El precio mínimo es de 50 dólares, pero en algunos casos puede llegar hasta los 2.500 dólares, lo que representa una carga considerable para algunos administradores, especialmente en grupos de menor alcance.
Además de obtener la licencia, la normativa obliga a cada grupo a designar un Oficial de Protección de Datos (DPO), quien debe estar certificado por POTRAZ. Este funcionario será responsable de velar por el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, que cubre aspectos como el manejo de información personal de los miembros del grupo, incluidos los números de teléfono.
Esta medida es parte del esfuerzo del gobierno por garantizar que los datos privados sean tratados de manera segura y conforme a la ley.
La ministra de Tecnología de la Información, Publicidad y Servicios de Comunicación de Zimbabue, Monica Mutsvangwa, ha defendido estas medidas como necesarias para preservar el orden social y la paz en el país. Según Mutsvangwa, las licencias permitirán rastrear el origen de cualquier desinformación que se difunda y que pueda causar conflictos o violencia.
La ministra argumenta que las plataformas de mensajería como WhatsApp han sido utilizadas para diseminar información falsa que podría alterar la estabilidad del país, lo que justifica las nuevas regulaciones.
La respuesta pública ante estas nuevas regulaciones ha sido diversa. Mientras que algunos reconocen la necesidad de controlar la desinformación, muchos otros ven la medida como un ataque a la libertad de expresión.
Activistas y ciudadanos han expresado su preocupación de que este paso pueda ser utilizado como un mecanismo para restringir la comunicación abierta y libre en línea, un derecho fundamental en la era digital.
Las implicaciones de esta regulación también se extienden a pequeñas empresas, grupos religiosos y comunidades informales que han encontrado en WhatsApp una herramienta eficiente para la organización y el diálogo.
La carga financiera y administrativa que supone obtener una licencia y nombrar un DPO podría disuadir a muchas personas de crear o administrar grupos en la plataforma, limitando la participación y discusión en temas comunitarios importantes.
