INTERNACIONALES.- El Gobierno del presidente Donald Trump ha presentado una solicitud formal ante la Corte Suprema de Estados Unidos, instando al máximo tribunal a revocar la sentencia de un tribunal inferior que declaró ilegal la finalización de las protecciones legales otorgadas a aproximadamente 600.000 ciudadanos venezolanos. Esta medida permitiría a dicho grupo residir y laborar de manera temporal en territorio estadounidense.
La petición, articulada a través del Departamento de Justicia, solicita que se ordene al Tribunal de Apelación del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, reconsiderar su dictamen. Esta acción legal surge como respuesta a la resolución emitida el pasado mes por magistrados que determinaron que el Departamento de Seguridad Nacional posee la facultad de dar por concluido el Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes de diversas nacionalidades, incluidos haitianos y sirios.
Contexto del litigio
El Estatus de Protección Temporal (TPS) es una designación humanitaria que ampara a migrantes provenientes de naciones afectadas por conflictos armados, desastres naturales u otras catástrofes, permitiéndoles vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos ante la imposibilidad de un retorno seguro a sus países de origen.
La controversia legal se remonta al pasado mes de enero, cuando un panel del Noveno Circuito dictaminó que la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se extralimitó en sus competencias administrativas al finalizar el TPS que había sido concedido a la población venezolana durante la administración del expresidente Joe Biden.
Situación actual
Es importante señalar que, previo a la sentencia del Noveno Circuito, la Corte Suprema ya había permitido que la decisión del Gobierno, tomada en febrero de 2025, entrara en vigor de manera provisional mientras se analiza el fondo del asunto.
Este proceso judicial es el resultado de una demanda interpuesta por un grupo de migrantes y la Alianza Nacional del TPS, organización dedicada a la defensa de los derechos de los beneficiarios de este programa. Hasta el momento, los representantes legales de los demandantes no han emitido comentarios sobre la reciente solicitud del Ejecutivo.
