Internacionales.- El fiscal general guyanés, Anil Nandlall, dijo este martes que el Gobierno de Guyana solicitará al Consejo de Seguridad de la ONU sanciones contra Venezuela si Caracas no acata fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) tras el referendo celebrado el domingo sobre el Esequibo.
La CIJ urgió el viernes pasado a Venezuela a «abstenerse» de tomar «cualquier acción que modifique» la situación actual del territorio bajo pleito, controlado por Guyana, un territorio de casi 160 mil kilómetros cuadrados en disputa entre los dos países.
«Exploraremos todas las vías disponibles y, obviamente, esa es una de las vías, si no la más importante», dijo Nandlall en una sesión de concienciación sobre el conflicto fronterizo entre Guyana y Venezuela organizada por el Colegio de Abogados de Guyana.
En este contexto, Nandlall señaló que Estados Unidos y el Reino Unido que desempeñaron un papel histórico en el laudo del Tribunal Arbitral de 1899, tienen el «deber de garantizar que el proceso que diseñaron y en el que participaron se respete en lugar de ser espectadores oficiosos».
«Existe un amplio abanico de medidas a disposición de la CIJ y, por extensión, del Consejo de Seguridad de la ONU para hacer cumplir las decisiones de la CIJ», sentenció el fiscal.
Pero el mandato constitucional venezolano no afecta a Guyana, que no votó al respecto, ni a ningún otro país más allá de las fronteras de la nación de origen, sino que tiene carácter interno.
Guyana se basa en un laudo arbitral de 1899, que le adjudicó el territorio (entonces bajo el dominio del Reino Unido).
El Reino Unido y Venezuela firmaron en 1966, justo antes de la independencia de Guyana, el Acuerdo de Ginebra, que en un principio sentó las bases para resolver la controversia, pero las negociaciones se extendieron durante más de dos décadas sin resultados.
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