El ocho de mayo de 2009, el presidente de Venezuela de aquel entonces Hugo Chávez Frías, fue el encargado de anunciarle al país entero sobre la nacionalización de las 76 empresas contratistas que prestaban servicios a Pdvsa en la Costa Oriental del Lago.
Un día antes, siete de mayo de ese año, el exmandatario nacional había promulgado la Ley Orgánica que Reserva al Estado Bienes y Servicios de Actividades Primarias de Hidrocarburos, para el Zulia.
Con esta medida, el Gobierno nacional tenía la potestad de administrar, no sólo de las 76 contratistas, sino también de 300 lanchas, 30 remolques, 30 gabarras, astilleros y talleres dedicados al sector terciario.
Desde la contratista Terminales Maracaibo, ubicado en la Av. Intercomunal del municipio Lagunillas del estado Zulia, el expresidente Chávez activó la medida que le otorgaba a la estatal petrolera tomar el control de todas las operaciones.
Luego se dio inicio al proceso de ingreso de todo aquel personal que laboraba para las contratistas petroleras a la nómina de Petróleos de Venezuela tras el otorgamiento de las “fichas blancas”.
Lo que se llamó la nacionalización o expropiación de las contratistas, desencadenó una ola de buenos augurios e incertidumbre entre los habitantes de la Costa Oriental del Lago.
Por ejemplo, sindicalistas petroleros estaban de acuerdo y otros rechazaban la decisión gubernamental.
Se otorgaron 10 mil “fichas blancas”
El secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros del Municipio Lagunillas (Sinutrapetrol), Jairo Ollarves, manifestó que tras la nacionalización fueron absorbidos a la industria petrolera, provenientes de las contratistas, un aproximado de 10 mil trabajadores que prestaban servicios eventuales y permanentes.
“Eran trabajadores que nunca fueron tomados en cuenta por la industria petrolera y que gracias al expresidente Hugo Chávez se da esta modalidad recuperando a todo el personal”, detalló el sindicalista.
Indicó que fueron distribuidos en las labores de perforación, operaciones acuáticas y producción con sus beneficios contractuales.
Otra visión después de la promulgación de la ley
José Gregorio Figueroa, profesor de postgrado de Lagunillas, sostiene que la promulgación de la Ley Orgánica que Reserva al Estado Bienes y Servicios de Actividades Primarias de Hidrocarburos trajo consigo consecuencias negativas para la subregión desde el punto de vista económico.
“Los municipios perdieron un alto porcentaje de sus ingresos al no contar con la recaudación del impuesto sobre actividades económicas”, resaltó.
Considera que en estos 16 años, las entidades municipales no han podido recuperar su estabilidad económica por su dependencia al oro negro.
“Los municipios han sobrevivido por la actividad comercial que todavía no tiene la fuerza para desarrollarse por la baja actividad económica del país, sanciones, falta de financiamiento externo, encaje legal que no permite elevar los créditos a los empresarios y comerciantes”, fue muy puntual.
Raúl Arroyo Valera
Foto: Reproducción de ERZ
EL REGIONAL DEL ZULIA
