Espectáculos.- Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como ”Epa Colombia”, enfrenta nuevamente un episodio judicial que la pone en el centro del debate público.
En las últimas horas, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía capturaron a la influencer tras conocerse el fallo definitivo en su contra por actos de vandalismo contra una estación de Transmilenio en 2019.
La captura ocurrió en las afueras de su peluquería, un negocio que había construido como parte de su esfuerzo por reconstruir su vida y su imagen pública.
La propia Daneidy relató lo sucedido en un video que publicó en sus redes sociales poco después de ser abordada por las autoridades. Con angustia y en medio de lagrimas, detalló:
“Estoy muy triste, me vine a trabajar a la peluquería hoy todo el día amiga e iba saliendo ya para mi casa y me cogen los del CTI que yo tengo una orden de captura. Me iban a coger y yo les dije que me esperaran que mi abogado estuviera ahí y lo que hice fue empujarla porque me estaba cogiendo y están acá afuera en mi peluquería, la policía, el CTI que porque salió el fallo del Transmilenio”.
Además mencionó sus esfuerzos de redención ante los actos vandálicos cometidos:
“Ha sido muy difícil salir de ello, por eso a mí casi no me llaman a ningún lado, estoy muy mal amigas. Qué triste salir de mi peluquería y que todo mi equipo de trabajo me vea subiéndome para que me lleven al búnker de la Fiscalía. Yo siempre quise arreglar lo de TransMilenio, pagarlo, yo siempre quise mejorar, estos cinco años desde el 2019, creé empresa, lo único que he hecho es salir adelante, trabajar, generar empleo, ayudar a las personas que lo necesitan”.
La captura de la colombiana, es el resultado de una larga batalla judicial que comenzó en noviembre de 2019, cuando, durante el paro nacional, la influencer publicó un video en el que vandalizaba la estación Molinos de Transmilenio con un martillo, justificando su acción al afirmar que “mientras algunos saqueaban negocios, yo estaba destruyendo lo que era del Estado”.
Tras este hecho, la Fiscalía le imputó cargos por daño en bien ajeno, instigación para delinquir con fines terroristas y perturbación al transporte público.
Desde entonces, el caso ha sido seguido de cerca por la opinión pública, convirtiéndose en un ejemplo de los límites entre la protesta social y los actos de vandalismo.
Inicialmente, una jueza de control de garantías consideró que no era necesario emitir una orden de captura en su contra, al no representar un peligro para la sociedad.
Sin embargo, la Fiscalía y la Procuraduría apelaron la decisión, argumentando la gravedad de los hechos y el impacto negativo de su mensaje como figura pública.
El fallo final, que ratifica una condena de 5 años y 2 meses de prisión.
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