Nacional.– Desde el año 2000, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha desplegado una serie de decisiones que han impactado profundamente la autonomía de colegios y gremios profesionales en el país. Estas medidas, que incluyen la anulación de procesos electorales, la designación de juntas directivas ad hoc y la suspensión indefinida de elecciones internas.
Las intervenciones se han basado en el artículo 293.6 de la Constitución y el artículo 27.2 de la Ley Orgánica del TSJ, pero en la práctica han restringido la autonomía gremial y el derecho a la asociación. Además, esta jurisprudencia contraviene estándares internacionales como el Convenio 87 de la OIT, afectando la capacidad de los gremios para defender los intereses de sus miembros.
Esta situación irregular ha generado preocupación entre juristas, académicos y organizaciones de la sociedad civil por su efecto restrictivo sobre el derecho a la libre asociación, consagrado en el artículo 52 de la Constitución venezolana y en tratados internacionales suscritos por la nación.
Un patrón de intervención
Según el observatorio jurídico Acceso a la Justicia, al menos una docena de decisiones del TSJ desde 2007 evidencian un patrón sistemático de intervención en la vida interna de gremios y colegios profesionales.
Estas decisiones han afectado tanto a organizaciones privadas como a corporaciones de derecho público, como los colegios de abogados, médicos e ingenieros, cuya existencia está respaldada por el artículo 105 constitucional.
Uno de los casos más emblemáticos fue la sentencia N.º 51 del 19 de mayo de 2000, en la que la Sala Electoral del TSJ estableció una distinción entre gremios y colegios profesionales, abriendo la puerta a una interpretación que permite al Estado intervenir en sus procesos internos bajo el argumento de garantizar la legalidad y el orden institucional.
Suspensiones y designaciones arbitrarias
Las acciones del TSJ han incluido la suspensión de elecciones gremiales por tiempo indefinido, la imposición de juntas directivas provisionales sin consulta a los miembros, y la anulación de estatutos internos que regían la vida democrática de estas organizaciones. En muchos casos, estas decisiones han sido tomadas en respuesta a recursos introducidos por actores vinculados al oficialismo, lo que ha generado sospechas sobre la motivación política detrás de las intervenciones.
El estudio “La toma del poder en los colegios de abogados de Venezuela (2000–2020)” señala que estas prácticas han buscado favorecer los intereses del proyecto político dominante, en detrimento de los derechos fundamentales de los colegiados y de la democracia interna de estas corporaciones profesionales.
El usuario de la cuenta Instagram @ cesar_mgv, asegura que estas intervenciones ha llevado a la perpetuidad y administraciones que van en contra vía y arbitrariedades, como por ejemplo el Colegio de Abogados del Estado Zulia, que por cada inscripción a un nuevo miembro le cobra sobre los 250$ , donde muchas veces son personas de bajos recursos que se gradúan con muchos sacrificios y no poseen esa cantidad haciendo cuesta arriba ese pago, y al no cancelar le cercenan el derecho al trabajo,
“Administraciones que no entregan cuentas desde hace muchos años con incluso instalaciones que tienen áreas arrendadas como si fuera edificaciones personales con el susodicho cuento de no tener fondos para el mantenimiento del mismo, pero como tampoco crean o despiertan el sentido de pertenencia por conveniencia, pasan esas arbitrariedades”, dijo.
Voces en defensa de la autonomía
La situación ha llamado la atención de organismos internacionales, que han advertido sobre el debilitamiento del Estado de derecho en Venezuela. La libertad de asociación, piedra angular de cualquier democracia, se ve comprometida cuando el poder judicial actúa como brazo ejecutor de decisiones políticas que limitan la participación y representación gremial.
Diversas organizaciones, como Fedecámaras y Fedenaga, han denunciado públicamente estas intervenciones, señalando que la autonomía gremial es esencial para la defensa de los intereses profesionales y para el desarrollo económico y social del país. Sin embargo, en un entorno donde el TSJ ha sido acusado de falta de independencia, las posibilidades de revertir estas decisiones por vía judicial son escasas.
