Internacionales.-(AP) Un juez federal en Miami desestimó parte de una demanda que afirmaba que a los detenidos se les negó el acceso al sistema legal en el centro de detención de inmigrantes en los Everglades de Florida conocido como “Alligator Alcatraz”, y luego trasladó los cargos restantes del caso a otro tribunal.
Las afirmaciones de que a los detenidos se les negaron audiencias en un tribunal de inmigración quedaron sin fundamento cuando el gobierno de Trump designó el fin de semana pasado el Centro de Procesamiento de Krome North, cerca de Miami, como un sitio para que se escucharan sus casos, dijo el juez federal de distrito Rodolfo Ruiz en un fallo de 47 páginas el lunes por la noche desestimando un cargo de la Quinta Enmienda.
El juez concedió a los acusados estatales una moción de cambio de sede al Distrito Medio de Florida, donde se abordarán las denuncias restantes de violaciones de la Primera Enmienda. Estas incluyen alegaciones de demoras en la programación de reuniones entre los detenidos y sus abogados y la imposibilidad de los detenidos de hablar en privado con sus abogados por teléfono o videoconferencia en el centro cuyo nombre oficial es Centro de Detención Sur. La abogada de la ACLU, Eunice Cho, abogada principal de los detenidos, dijo que el gobierno federal recién cambió de postura el fin de semana pasado y permitió que los detenidos presentaran una petición ante un tribunal de inmigración debido a la demanda.“No debería ser necesaria una demanda para obligar al gobierno a acatar la ley y la Constitución”, dijo Cho.
“Esperamos continuar la lucha”. El juez escuchó los argumentos de ambas partes en una audiencia celebrada el lunes por la mañana en Miami. Abogados de derechos civiles solicitaban una orden judicial preliminar para garantizar que los detenidos en el centro tuvieran acceso a sus abogados y pudieran obtener una audiencia.
La administración del gobernador republicano Ron DeSantis se apresuró a construir el centro en una pista de aterrizaje aislada rodeada de pantanos hace dos meses para apoyar los esfuerzos del presidente Donald Trump por deportar a personas que se encuentran sin permiso en Estados Unidos. El gobernador ha afirmado que la ubicación en los remotos y escarpados Everglades tenía como objetivo disuadir las fugas, al igual que la prisión isleña de California que los republicanos le dieron su nombre. El centro de detención tiene un costo anual estimado de 450 millones de dólares. El gobierno estatal y federal habían argumentado que, aunque la pista de aterrizaje aislada donde se ubica la instalación es propiedad del condado de Miami-Dade, el distrito sur de Florida era el lugar equivocado ya que el centro de detención está ubicado en el vecino condado de Collier, que está en el distrito medio del estado.
El juez Ruiz insinuó durante una audiencia la semana pasada que tenía algunas dudas sobre qué jurisdicción era la adecuada. Los abogados de los detenidos argumentaron que el tribunal de Ruiz era apropiado, ya que los detenidos estaban bajo la supervisión de funcionarios federales en la oficina regional de Miami. Cualquier traslado a otra jurisdicción retrasaría la decisión del tribunal.
Ruiz señaló que los hechos del caso cambiaron el sábado cuando la administración Trump designó la instalación de Krome como tribunal de inmigración con jurisdicción sobre todos los detenidos en el centro de detención.
Ruiz escribió que el caso tiene “una historia procesal tortuosa” desde que fue presentado el 16 de julio, semanas después de que el primer grupo de detenidos llegara a las instalaciones. “Casi todos los aspectos de la acción civil de los demandantes —sus causas de acción, sus hechos de apoyo, sus teorías sobre la jurisdicción, sus argumentos sobre el fondo y sus solicitudes de reparación— han cambiado con cada presentación”, escribió el juez.
Los acusados del gobierno estatal y federal presentaron un argumento idéntico la semana pasada sobre la jurisdicción para una segunda demanda en la que grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee demandaron para detener la construcción y las operaciones en el centro de detención de Everglades hasta que cumpla con las leyes ambientales federales.
El 7 de agosto, la jueza federal de distrito Kathleen Williams, en Miami, ordenó una suspensión de 14 días de las obras adicionales en el sitio mientras los testigos declaraban en una audiencia que concluyó la semana pasada. Williams ha dicho que planea emitir un fallo antes de que la orden expire a finales de esta semana. Aún no se ha pronunciado sobre la cuestión de la sede.
Los detenidos en la instalación han dicho que aparecen gusanos en los alimentos, los inodoros no funcionan, los pisos se inundan con desechos fecales y hay mosquitos y otros insectos por todas partes. Los abogados de derechos civiles también afirmaron que los agentes iban celda por celda para presionar a los detenidos a firmar órdenes de expulsión voluntaria antes de que se les permitiera consultar con sus abogados, y que algunos detenidos habían sido deportados a pesar de no tener órdenes de expulsión definitivas. Además de la propagación de una infección respiratoria y las inundaciones de las tiendas de campaña por la lluvia, las circunstancias habían alimentado un sentimiento de desesperación entre los detenidos, escribieron los abogados en un expediente judicial.
CON INFORMACIÓN Y FOTOS /AP NEWS
EL REGIONAL DEL ZULIA
