Internacionales.- La fiscalía de Corea del Sur solicitó este martes la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol, a quien acusa de haber liderado una “insurrección” al declarar la ley marcial en diciembre de 2024. El pedido fue confirmado por la agencia local Yonhap y marca un punto extremo en el proceso judicial contra el exjefe de Estado conservador.
Durante el alegato final, los fiscales sostuvieron que Yoon actuó movido por una “sed de poder destinada a instaurar una dictadura” y subrayaron que el exmandatario, de 65 años, no mostró “ningún remordimiento” por decisiones que pusieron en riesgo “el orden constitucional y la democracia”.
Si bien la pena capital continúa vigente en Corea del Sur, el país mantiene una moratoria de facto: no se realizan ejecuciones desde 1997. El tribunal anticipó que el veredicto se dará a conocer el próximo mes.
La causa se originó a partir de los hechos ocurridos el 3 de diciembre de 2024, cuando Yoon sorprendió al país al anunciar por cadena nacional la imposición de la ley marcial y ordenar el despliegue de tropas en el Parlamento. La medida provocó una crisis política inmediata y una fuerte reacción social.
Horas después, el entonces presidente se vio obligado a dar marcha atrás, luego de que un grupo de legisladores lograra ingresar al hemiciclo y votara la anulación del decreto. La decisión extrema aceleró el colapso de su gobierno y desató meses de protestas masivas.
Finalmente, en abril de 2025, el Tribunal Constitucional destituyó oficialmente a Yoon Suk Yeol, al considerar que había violado gravemente el orden democrático. El exmandatario justificó en su momento la imposición de la ley marcial alegando que el Parlamento, controlado por la oposición, bloqueaba el presupuesto nacional.
El pedido de pena de muerte refleja la gravedad con la que la justicia surcoreana evalúa los hechos y vuelve a poner en el centro del debate los límites del poder presidencial en uno de los países más estables de Asia.
Fuente y foto: DW.
