NACIONAL.- La crisis generada por el doble terremoto del pasado 24 de junio ha puesto a prueba no solo la infraestructura física de Venezuela, sino también la resiliencia de su tejido social. En medio del caos y la incertidumbre, la infancia y la adolescencia —poblaciones especialmente vulnerables— han quedado bajo el escrutinio de expertos y organizaciones internacionales, quienes hacen un llamado urgente a la cordura, la organización y la protección integral efectiva.
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Desmitificar la crisis para proteger la verdad
En los días posteriores a la emergencia, las redes sociales se inundaron con mensajes alarmistas que sugerían una proliferación de niños desamparados o separados de sus familias. Carlos Trapani, abogado especialista en derechos del niño y coordinador general de la organización Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), fue categórico al desmentir tales versiones durante su participación en el programa Punto y seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias.
“Es falso que exista una cantidad importante de niños solos o separados de sus familias”, aclaró Trapani, instando a la ciudadanía a evitar la reproducción de mensajes no oficiales. Si bien reconoció que existen casos puntuales de menores hospitalizados cuyos padres han fallecido, enfatizó que estos cuentan con medidas de protección activadas por el sistema correspondiente. Para el especialista, la desinformación no solo genera pánico innecesario, sino que entorpece las labores de asistencia técnica y profesional.
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Planificación: El reto ante la improvisación
Para Trapani, la respuesta a desastres naturales requiere algo más que buenas intenciones: exige planificación. El coordinador de Cecodap observa que las primeras etapas de la emergencia han estado marcadas por la improvisación —un fenómeno que considera común, pero que debe corregirse con urgencia—.
La clave, a su juicio, reside en la data oficial. Sin un registro claro de los niños afectados, fallecidos o trasladados a albergues, es imposible dimensionar el impacto real y canalizar los recursos de manera oportuna. Esta exigencia se extiende al fortalecimiento del sistema de protección, integrado por el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Defensa Pública y los Consejos de Protección, cuya articulación resulta vital para responder a las necesidades reales del terreno.
La vulnerabilidad oculta en los albergues
Mientras la respuesta institucional busca orden, organizaciones como Plan International han puesto la mirada en las condiciones de vida dentro de los refugios. La situación es crítica: con cerca de 680,000 niños, niñas y adolescentes identificados por Unicef como parte de los afectados, el hacinamiento en espacios colectivos se ha convertido en una amenaza silenciosa.
Geraldine Gómez, consultora de Plan International en Venezuela, describió un escenario donde la falta de servicios sanitarios segregados y el hacinamiento exacerban los riesgos de violencia y abuso, especialmente hacia niñas y adolescentes. “Una madre me contó que tiene miedo de quedarse dormida porque teme que se lleven a su hija, y ni siquiera puede dejar que su niña vaya sola al baño”, relató Gómez, evidenciando una realidad que requiere acción inmediata.
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Más allá de la supervivencia: Salud mental y juego
La respuesta humanitaria no debe limitarse a la entrega de suministros. Trapani insiste en la necesidad de incorporar el componente psicosocial como eje transversal. “Hay que promover espacios para escuchar a los niños, conocer sus emociones y percepciones”, afirma, reivindicando el juego no solo como un derecho, sino como una herramienta terapéutica esencial para procesar el trauma.
Finalmente, los expertos recuerdan que la emergencia no debe ser una excusa para la opacidad. Existe un llamado explícito a los organismos de seguridad del Estado para garantizar que sus actuaciones no obstaculicen el trabajo de las organizaciones humanitarias ni los procesos de monitoreo.
En un contexto donde los servicios básicos como el agua y la electricidad siguen siendo precarios en las zonas afectadas, el mensaje es claro: la reconstrucción de la infraestructura material es urgente, pero la reconstrucción del bienestar emocional y la seguridad de la infancia es una deuda que la sociedad, las instituciones y el Estado deben saldar de manera articulada, profesional y, sobre todo, humana.
