Internacional.-La noche del jueves 16 de octubre, Lima fue testigo de una jornada marcada por la indignación y el luto. Durante la Marcha Nacional, convocada por colectivos ciudadanos para exigir reformas en seguridad y justicia, se produjo un hecho que ha sacudido al país: el asesinato de Eduardo Ruiz Sanz, joven manifestante, a manos de un miembro de la Policía Nacional del Perú (PNP).
El trágico suceso ocurrió en las inmediaciones de la Plaza San Martín, epicentro de la movilización. Testigos aseguran que Ruiz Sanz recibió un disparo durante un forcejeo con efectivos policiales, lo que desató una ola de protestas espontáneas en distintos puntos de la capital.
Horas después del incidente, el presidente José Jerí anunció que Lima Metropolitana será declarada en Estado de Emergencia “para combatir la delincuencia y garantizar el orden público”. La medida, según explicó el premier Ernesto Álvarez en conferencia de prensa, incluirá un paquete de normas “concretas y eficaces” que buscan reforzar la seguridad ciudadana.
Álvarez no descartó la posibilidad de instaurar nuevamente el toque de queda en los 43 distritos de la capital, una medida que ya se aplicó en años anteriores durante crisis sociales. “Estamos evaluando todas las herramientas constitucionales para proteger a los ciudadanos. El Estado de Emergencia no es una respuesta improvisada, sino una acción firme ante el deterioro de la seguridad”, declaró el premier.
“Se están analizando todas las posibilidades. El toque de queda, así como la limitación de la libertad individual de los motociclistas, ya son medidas recurrentes que se han establecido antes pero que, por la especificidad de la criminalidad violenta, no siempre han logrado un resultado efectivo, real”, declaró el presidente del Consejo de Ministros.
“Toda medida que limita la libertad debe tener proporcionalidad y racionalidad. No es cuestión de limitar las libertades y derechos fundamentales sin una razón real probada. Por eso es que vamos a tomarnos algunas horas en revisar y medir la posible efectividad de la declaratoria de emergencia, que debe estar bien hecha y constituir una medida efectiva en beneficio a los ciudadanos”, agregó ante los medios de comunicación.
Reacciones y cuestionamientos
La decisión del Ejecutivo ha generado reacciones divididas. Mientras algunos sectores respaldan la medida como necesaria frente al aumento de la criminalidad, organizaciones de derechos humanos y líderes sociales advierten sobre el riesgo de abusos policiales y restricciones a las libertades civiles.
Familiares y amigos de Eduardo Ruiz Sanz realizaron una vigilia en la Plaza Francia, exigiendo justicia y la identificación del agente responsable del disparo. “No queremos más represión. Queremos que se investigue y que haya sanciones ejemplares”, expresó una de las voceras del colectivo Jóvenes por la Democracia.
¿Qué es el estado de emergencia?
De acuerdo a la Constitución Política del Perú, el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción que en este artículo se contemplan:
1. Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. En esta eventualidad, puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2° y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo. En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie.
El plazo del estado de emergencia no excede de sesenta días. Su prórroga requiere nuevo decreto. En estado de emergencia las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el Presidente de la República.
¿Qué implica el Estado de Emergencia?
La declaratoria suspendería temporalmente derechos constitucionales como la libertad de tránsito y reunión, además de permitir intervenciones policiales sin orden judicial. Aunque aún no se ha oficializado la fecha de inicio, el gobierno adelantó que será “en los próximos días” y que se aplicará exclusivamente en Lima Metropolitana.
El Regional del Zulia
Con Información de Infobae
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