Nicolás Maduro entregó a la ANC el proyecto de Ley Antibloqueo
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, consignó este martes ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) un proyecto de Ley Constitucional Especial Antibloqueo para enfrentar el impacto de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por EE.UU.
«Vengo hoy a solicitarle al Poder Constituyente que debata y apruebe una Ley Constitucional que dotará al Estado con las capacidades institucionales y jurídicas para enfrentar la más perversa agresión que haya sufrido Venezuela» a través de «nuevas modalidades que burlen y derroten todos los mecanismos del bloqueo», expresó Maduro.
Según el mandatario venezolano, EE.UU. definió un «plan de cambio de régimen» que ha dominado las relaciones entre ambos países. «El imperio jamás ha tolerado que en Venezuela exista un Estado social, de derecho y justicia», enfatizó.
Por esto, agregó Maduro, EE.UU. inició «una guerra multiforme, cruel, inhumana y criminal» a través de ataques dirigidos a destruir la economía especialmente desde el año 2015. «Su objetivo es ahogar, asfixiar la economía hasta implosionarla y generar una explosión interna que justifique una invasión extranjera», dijo.
Para Maduro, las medidas coercitivas no son solo «el retiro de las visas a funcionarios» sino que han cortajo de un tajo el financiamiento al país, impidiendo que el Estado tenga acceso a las divisas para obtener los alimentos, medicinas, los insumos y materias primas esenciales de la actividad económica.
«Es un cortocircuito económico, hasta nos han impedido tener los recursos para fortalecer el salario de los trabajadores, salvar vidas, alimentar a nuestros niños», dijo Maduro, quien agregó que en seis años el país suramericano «perdió el 99% de ingresos en divisas».
El Jefe de Estado precisó que Venezuela ha dejado de percibir 30.000 millones de dólares cada año durante cinco años. «Esto ha afectado severamente todos nuestros indicadores».
Maduro hizo especial énfasis en los golpes propinados contra la estatal petrolera PDVSA. «El ingreso no percibido por la República a través de estos ataques se sitúa en 65.000 millones de dólares».
