Economía.-El Ejecutivo venezolano emitió el 30 de junio de 2025 el decreto N° 5.145, publicado en la Gaceta Oficial extraordinaria N° 6.918, que modifica parcialmente el esquema del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicable a las importaciones. Según la ONG Acceso a la Justicia, esta medida busca estimular la producción nacional, limitar las importaciones y fortalecer la recaudación fiscal.
El decreto suspende las exenciones de IVA para una amplia gama de productos importados, incluyendo alimentos, medicinas, fertilizantes y materiales agrícolas. Solo aquellos incluidos en un apéndice de 1.445 subpartidas arancelarias podrán optar por exoneraciones temporales de hasta un año, previa aprobación del Comité de Comercio Exterior (Comex).
Esto significa que productos que antes ingresaban al país sin pagar IVA ahora estarán gravados, a menos que se tramite una exoneración específica. Los importadores deberán presentar certificados ante las oficinas aduaneras, lo que implica más trámites, tiempo y costos, los cuales se trasladarán finalmente al consumidor.
Implicaciones económicas y sociales
Aumento de precios: Al gravar productos básicos como arroz, leche, carne, medicamentos y agroquímicos, se prevé un alza en los precios al consumidor final, afectando especialmente a los sectores más vulnerables.
Incertidumbre jurídica: Acceso a la Justicia advierte que el decreto fue emitido invocando un estado de excepción que ya había expirado, lo que pone en duda su validez constitucional. Además, la confusión entre exención (legislativa) y exoneración (administrativa) podría implicar una extralimitación de funciones por parte del Ejecutivo.
Impacto en el comercio: La medida podría desincentivar las importaciones, pero también generar escasez si la producción nacional no logra cubrir la demanda. Esto podría afectar la disponibilidad de alimentos y medicinas en el corto plazo.
¿Una estrategia fiscal?
Aunque el gobierno sostiene que la medida busca proteger la industria nacional y mejorar la recaudación, expertos advierten que su implementación apresurada y poco transparente podría generar más problemas que soluciones. La vigencia del decreto comenzó el 5 de julio, pero su publicación oficial se retrasó, lo que limita la posibilidad de impugnación legal.
