INTERNACIONALES.- El 11 de abril de 2025 será un día clave para las políticas migratorias de Estados Unidos, ya que entrará en vigor una nueva serie de requisitos que obligan a todos los extranjeros mayores de 14 años que permanezcan en el país por más de 30 días a registrarse ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
Esta medida forma parte de la Orden Ejecutiva 14159 firmada por el presidente Donald Trump el 20 de enero de 2025, que busca asegurar el cumplimiento de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y dar mayor énfasis a la obligación de los extranjeros de registrarse y reportar su estancia en el país.
La nueva normativa establece que cualquier extranjero que permanezca en EUA por más de 30 días deberá completar el Formulario G-325R, que recopila información personal detallada. Este formulario se debe enviar a través de un portal en línea del USCIS. Después de completar el registro, los migrantes deberán presentarse a una cita para la toma de huellas dactilares, fotos y firma en uno de los centros de servicio del USCIS.
El proceso, que se implementará de manera electrónica, no solo tiene como fin asegurar que todos los migrantes en el país sean identificados y registrados, sino que también tiene como objetivo asegurar que aquellos que no cumplan con este requisito enfrenten sanciones severas, que incluyen multas, detenciones y posibles deportaciones. Es importante resaltar que el registro no otorga un estatus migratorio legal ni permisos de trabajo, sino que se limita a cumplir con una obligación administrativa impuesta por el gobierno de EUA
Los extranjeros deberán portar en todo momento el “Comprobante de Registro de Extranjero” como prueba de su cumplimiento. Este documento será obligatorio para todos los migrantes que se encuentren en el país por más de 30 días y no se ajusten a ninguna de las excepciones estipuladas en la nueva normativa. La medida es parte de un esfuerzo más amplio por parte del gobierno de Donald Trump para fortalecer el control migratorio y sancionar a aquellos que no se ajusten a las leyes migratorias.
La nueva normativa también prohíbe que los migrantes utilicen identificaciones locales como licencias de conducir como prueba de su estatus migratorio. A partir de ahora, los migrantes deberán portar documentos oficiales emitidos por el USCIS. La falta de estos documentos podría resultar en multas de hasta $5,000 y detenciones de hasta 30 días mientras se verifica el estatus migratorio del individuo.
Aunque la mayoría de los extranjeros deberán cumplir con este registro, existen algunas excepciones importantes. No se requiere el registro para aquellos que ya hayan completado el proceso de registro al momento de su entrada al país, ni para aquellos que se encuentren en procesos de legalización de su estatus migratorio, como los beneficiarios de DACA, el Estatus de Protección Temporal (TPS), los solicitantes de asilo o refugio, o aquellos que están bajo programas de parole humanitario.
Sin embargo, los migrantes irregulares y aquellos que han ingresado al país sin trámites formales, como ciertos ciudadanos canadienses o turistas que no están sometidos a control fronterizo, estarán sujetos a este nuevo requisito. La falta de registro podría desencadenar consecuencias graves, que van desde sanciones económicas hasta la deportación.
Otra de las disposiciones importantes que entra en vigor es la obligación de informar cualquier cambio de domicilio dentro de un plazo de 10 días. Los migrantes deberán realizar este trámite de manera electrónica, mediante un formulario en línea del USCIS. Esta medida, aunque aparentemente administrativa, puede generar dificultades para aquellos que tienen una movilidad constante o que viven en situaciones precarias.
El incumplimiento de esta obligación podría tener repercusiones serias, incluyendo la posibilidad de que afecte futuras solicitudes migratorias o la regularización de estatus. Además, la falta de actualización de la dirección podría ser interpretada como una violación a las leyes migratorias, lo que podría dificultar aún más la situación de los migrantes en el país.
Preocupaciones de Defensores de Derechos Humanos
El Centro Nacional de Derecho de Inmigración (NILC) y otras organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han expresado su preocupación sobre los riesgos que este nuevo sistema podría implicar para las comunidades vulnerables. En el pasado, registros similares han sido utilizados por las autoridades migratorias para identificar y deportar a migrantes irregulares, lo que ha generado un clima de temor y desconfianza en las comunidades extranjeras.
Los defensores señalan que muchos migrantes podrían verse obligados a registrarse sin conocer todas las implicaciones legales que esto podría acarrear, y sugieren que los indocumentados consulten a abogados especializados antes de completar el proceso de registro. La preocupación es que, a pesar de que el gobierno asegura que el registro no otorgará estatus migratorio, los migrantes podrían ser más fácilmente identificados y sujetos a deportación en el futuro.
Lissette Mondragón
LA PRENSA GRÁFICA
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