POR: FROILAN BARRIOS NIEVES
En la antesala del Primero de mayo 2025, es oportuna una mirada a la situación de las relaciones de trabajo de cada país, sobre todo en un contexto marcado por tantas turbulencias en el mercado, siendo el caso venezolano de extrema gravedad por extenderse a lo largo del siglo XXI el prolongado deterioro del trabajo digno.
Hoy tomamos como referencia el contrato colectivo más añejo de los trabajadores venezolanos, bien sea en el sector público como en el sector privado, como es el referido al petrolero que durante 80 años ha marcado la ruta de las aspiraciones de los diferentes movimientos sindicales.
Es de destacar que el nivel de preocupación afecta a todos los sectores laborales, de las diferentes empresas básicas de Guayana, telecomunicaciones, eléctricas, de ministerios, de los diferentes gremios universitarios, quienes han sufrido la conversión de sus convenios colectivos en un rosario de cláusulas incumplidas, reflejo triste de otra época cuando en las relaciones de trabajo existía el diálogo social hoy extinguido.
En efecto siendo el pionero de la contratación colectiva en nuestro país al cumplirse próximamente en junio de 2025 el 80 aniversario de la firma de la primera acta laboral, preámbulo del primer convenio colectivo acordado un año mas tarde en 1946, conoció su mayor auge con la firma del IIIer. Contrato en 1960 con acuerdos trienales que fortalecían las condiciones de trabajo en el sector.
En realidad era todo un acontecimiento en los estados petroleros del país donde sus comunidades seguían las negociaciones por los medios impresos, al publicarse las cláusulas aprobadas semanalmente, cuyo contenido garantizaba la permanencia de los comisariatos donde se expendían artículos de la dieta alimentaria a precios congelados del mercado de 1946. Con un marrón (100 bs). compraba el trabajador toda la ficha del comisariato suficiente para la cesta alimentaria mensual.
Así también el documento garantizaba la vivienda, escuela para los hijos, un sistema de salud de primer mundo, un sistema de seguridad industrial que protegían la vida del trabajador y un tabulador que clasificaba las categorías de cargos cuyos salarios garantizaban el poder adquisitivo respaldado a la vez por la retroactividad de las prestaciones sociales y el cobro oportuno anual de los fideicomisos. Adicionalmente cuando el trabajador ejercía el derecho a su jubilación la industria le garantizaba una pensión digna y una vejez sin preocupaciones.
En resumen, sin exagerar, trabajar en las transnacionales petroleras y en PDVSA a partir de la nacionalización en 1976, era un pasaporte al paraíso terrenal en comparación del resto de los trabajadores venezolanos, lo que convertía dicho convenio en el punto de referencia para todo el movimiento sindical público y privado.
Ahora bien, tras un cuarto de siglo de administración chavista el otrora convenio emblema ha rodado cuesta abajo a la condición de precarización laboral, el comisariato lo arrebataron en 2005 mediante una consulta fraudulenta, asignando sin compensación alguna como sustituto, una tarjeta electrónica de alimentación de un valor incomparable a la otrora casa de abastos, derivando en una bolsa de comida insuficiente para la dieta del trabajador y su familia.
En materia de salud las clínicas especializadas en la atención familiar e individual desaparecieron, sustituidas por una atención ambulatoria precaria, condición extensiva en el caso de accidentes de seguridad industrial cada vez presentes, ante el deterioro de las instalaciones y el transporte en la industria petrolera.
Con referencia a los salarios el otrora tabulador de cargos es simbólico, al incluir el sobre de pago el bono de transporte, tiempo de viaje, hora de comida y el salario, para un operario que independientemente de su clasificación determina una remuneración semanal entre 35 y 40 $, cantidad inferior a la percibida por trabajadores de PDVSA, quienes laboran para empresas mixtas extranjeras al percibir ingresos superiores a los 200 $.
En el caso de los trabajadores del sector de contratistas otrora protegidos por el convenio colectivo, han conocido durante esta gestión un curso acelerado de desregulación laboral inicialmente con la implantación de cooperativas y de desaplicación discrecional de las leyes laborales.
Todo este proceso de degeneración de las relaciones de trabajo estuvo acompañado de políticas represivas contra la libertad sindical, y la suspensión de la negociación del contrato colectivo en los últimos 10 años, en el contexto de la resolución 2792 y del Instructivo ONAPRE, política aplicada en el conjunto de la administración pública.
Froilan Barrios Nieves
Movimiento Laborista
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