NACIONALES.- Hay dolores que no tienen nombre, pero tienen responsables. Damelis Díaz, una madre que hoy camina sobre las ruinas de lo que fue su vida en La Guaira, no solo enfrenta la pérdida de su hija de seis años; enfrenta la certeza amarga de que esa muerte pudo evitarse. Su voz, que ya resonó con fuerza ante voceros oficiales —espetándoles un contundente “yo perdí una hija, no perdí una cocina”—, se ha convertido en el símbolo de una tragedia que el oficialismo ha intentado esconder bajo la alfombra de la política.
La crónica de una muerte anunciada
Lo que el terremoto del pasado 24 de junio expuso no fue solo la fragilidad de la tierra, sino la precariedad de un urbanismo edificado sobre el engaño. Acompañada por su esposo, José Echeto, Damelis señala los cimientos de los edificios que colapsaron: láminas fragiles que no alcanzan los dos milímetros y una carencia total de puntos de anclaje.
“En 2024 hicimos un llamado formal al gobierno tras el desalojo de la M-15. Todo está documentado”, afirma Echeto. La pareja explica que las estructuras, diseñadas originalmente solo como tabiques de separación, fueron forzadas para soportar cuatro pisos de carga habitacional sin ninguna base sólida. Mientras estructuras vecinas —construidas con vigas doble T— resistieron el embate, sus hogares se desmoronaron como castillos de naipes.
La pregunta sobre por qué no fueron desalojados antes tiene una respuesta que José señala sin titubeos: el hermetismo estatal. “Se tomaron todo en secreto para que nadie supiera lo que estaba sucediendo aquí”, denuncia.
La falacia del “todos fueron afectados”
Ante los reclamos, la respuesta de funcionarios, incluyendo menciones a figuras del entorno gubernamental, ha sido una constante: “que entendiera que no era yo sola, que los edificios privados también se cayeron”. Un argumento que Damelis desmonta con lucidez.
Con relación a su reclamo a a los diputados Nicolás Maduro Guerra y Jorge Arreaza contestó: “Le reclamé porque ellos saben que la empresa Suma es responsable. Porque, como le dije, ya había un precedente y ellos lo sabían. (…) Yo tengo un miedo, yo vengo de la tragedia del 2010”.
Díaz expresó que ellos vendieron el urbanismo como unas estructuras construidas con tecnología de punta y antisísmica.
Por otra parte, a Díaz le consultaron si se encuentra fuera de peligro luego de su altercado con el diputado Maduro Guerra. “No, no ha ocurrido más nada, gracias a Dios (…) Pero no voy a negar que el día que ellos estuvieron allí con su escolta, un morado que tengo aquí fueron ellos tomándome para que no hablara”, aseveró.
Para ella, no se trata de una fatalidad compartida, sino de una cadena de responsabilidades exigibles. Si bien la construcción estuvo a cargo de una empresa privada internacional, fue el Estado venezolano quien la contrató, quien supervisó —o debió supervisar— la obra y quien permitió que miles de personas pagaran por apartamentos que carecían de las mínimas condiciones de seguridad. “A nosotros no nos regalan nada, estos apartamentos fueron pagados”, sentencia, recordando que en ese complejo habitaban más de 3,000 familias.
El abandono y la negligencia: el calvario de cuatro días
El relato del momento en que su hija perdió la vida es desgarrador. Damelis vio cómo, en apenas dos minutos, su apartamento de planta baja era aplastado por el peso de los pisos superiores, una falla estructural que, según sospecha, no tomó en cuenta variables básicas como el peso de los tanques de agua en una zona donde el suministro es intermitente.
Pero el horror no terminó en el colapso. Lo que siguió fue un abandono institucional absoluto. Su hija sobrevivió al derrumbe inicial, pero el Estado no llegó. “Mi hija tuvo tres días luchando entre la vida y la muerte. No hubo ningún ente gubernamental… aquí se acercó una pluma para sacar a un policía, pero para los demás no había nada”, relata con la crudeza de quien ha tocado fondo. Fue la empresa privada, y no el despliegue del Ejecutivo, quien facilitó la maquinaria necesaria para la búsqueda. Cuando finalmente lograron acceder a ella, ya era tarde. La negligencia había terminado de arrebatarle lo que el sismo le dejó.
Un futuro incierto y el reclamo de un país
Hoy, Damelis vive en un refugio donde, asegura, “todo lo han llevado a la política”. No hay respuestas, no hay planes de reubicación y, sobre todo, no hay justicia. Para ella, el futuro en un país con una inflación desbocada y un “desgobierno” absoluto es una incógnita sombría.
Su testimonio no es solo el de una madre que sobrevive a la muerte de su hija; es el espejo de una nación que ha entendido que su seguridad no es prioridad para quienes ostentan el poder. Ante la pregunta de cómo seguir, su respuesta es clara y política: “Aquí lo que tiene que haber es un cambio”. Mientras tanto, la voz de Damelis Díaz permanece como una advertencia necesaria: porque los edificios se caen por la negligencia, pero las sociedades se desploman cuando se pierde la humanidad ante el dolor del prójimo.
