Nacional.- Las lluvias de este año han vuelto a poner en evidencia una realidad que se repite con devastadora frecuencia en Venezuela: los deslaves e inundaciones no solo son más intensos, sino también más destructivos. Miles de familias han perdido sus hogares, decenas de puentes han colapsado, y vastas zonas agrícolas han quedado arrasadas.
¿Qué está detrás de esta creciente vulnerabilidad? ¿Será posible prepararse para las contingencias?
La respuesta pasa por contar con una adecuada evaluación de riesgos. Y uno de los riesgos más evidentes es la construcción de viviendas en cauces de ríos o demasiado cerca de bordes peligrosos.
En un artículo de Dharma Parra Kasen, publicado en el portal web del Caleidoscopio Humano se destaca que la misma legislación venezolana contempla esa evaluación de los riesgos que existen antes de que ocurran estos desastres naturales.
Parra Kasen indica que la ley de aguas de 2007, en su artículo 14, se refiere a la gestión integral de riesgos, como un proceso social e institucional de carácter permanente.
“La ley está concebida de manera concertada y planificada para reducir los peligros socio-naturales y cronológicos. En su artículo 15 se estipula el análisis de riesgos como una responsabilidad directa del Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas, encargado de crear el subsistema de información de aguas como parte del sistema de información ambiental”, expresa.
Incluso la misma Ley ordena la conformación del Consejo Nacional de las Aguas, con responsabilidades en este sentido (art.26) y participación en ella de varias instancias públicas y sociales.
El impacto reciente: cifras que estremecen
Un desastre natural es un evento impredecible, pero la crecida de ríos en temporadas de lluvia es usual, como lo es también la aparición de deslaves tras la quema y tala de cuerpos boscosos. Estas acciones humanas debilitan mucho los suelos, por eso es necesario evitarlas. Es una medida preventiva para evitar algunos de estos eventos, pero hay otras formas de prepararse para que los efectos del clima tengan menor impacto en las poblaciones.
Los resultados de la escasa gestión de riesgo como cumplimiento de las leyes que lo ordenan de manera explícita han llevado a que con las últimas lluvias acaecidas en el país, más de 8.500 familias quedaron aisladas solo en la Región de Occidente. En el estado Mérida, se reportaron 595 viviendas afectadas y 24 mil familias damnificadas, 103 con pérdida total; 25 puentes colapsaron, 16 de ellos destruidos completamente, un total de más de 61 vías perjudicadas, además de incalculables pérdidas agrícolas.
En Portuguesa más de 3.800 viviendas fueron dañadas y 34 puentes quedaron inutilizados. Situación que dejo al país con 6.000 hectáreas de cultivos perdidas, siendo el sector agrícola uno de los más golpeados: En los Andes, 150 hectáreas de sembradíos fueron arrasadas. En Portuguesa, la siembra de maíz cayó un 60%. En Barinas y Apure, más de un millón de hectáreas ganaderas están bajo agua.
Autoridades responsables miran a un lado
Las autoridades municipales, son los actores oficiales más cercanos a las comunidades vulnerables, y las que tienen competencia en el ordenamiento territorial, incluyendo el uso y control de las riberas de los ríos, de allí que su rol en la prevención de desastres sea primordial.
De igual manera, los cuerpos de Bomberos están encargados de la prevención, seguridad e integridad física ante situaciones de emergencias y desastres y la protección de los bienes públicos y privados en todo el territorio nacional.
Ellos tienen bajo su cargo inspeccionar las condiciones de riesgos de amenaza y vulnerabilidad y hacer cumplir las normas técnicas de seguridad que rijan a nivel nacional. Sus competencias no son sólo en materia de incendios, sino en emergencias o eventos generadores de daños.
La Ley Orgánica del Servicio de Bomberos y de los Cuerpos de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil les faculta para hacer inspecciones ordinarias y extraordinarias de seguridad en inmuebles públicos o privados (art. 13).
Evidentemente, esta función bomberil en todo el territorio nacional requiere de un presupuesto acorde si realmente se pretende prevenir desastres.
De acuerdo con cifras publicadas por Transparencia Venezuela para el Presupuesto de la Nación de 2024, los bomberos y protección civil solo reciben el 1,62 % del presupuesto, de acuerdo con esta asignación de recursos, que es la que finalmente define las políticas públicas, a la prevención no se le da prioridad.
La prevención de desastres, es decir, la preparación para que en el caso de siniestros naturales los daños a la población sean mínimos, exige dirigir adecuadamente los recursos nacionales. Sin excusas.
Temporada de lluvias 2025: ¿más intensa o más prolongada?
Aunque los expertos de la UCV pronosticaban una disminución de lluvias para este año, la realidad ha sido otra. El paso de más de 45 ondas tropicales y la activación de la Zona de Convergencia Intertropical han generado lluvias intensas y sostenidas en gran parte del país. En junio, por ejemplo, se registraron 111,3 mm de lluvia, cifra considerada dentro del promedio histórico, pero con más días de lluvia consecutivos, lo que saturó los suelos.
Sin olvidar los deslaves y las inundaciones de Las Tejerías en 2022 se convirtieron en tragedia al dejar al menos 765 viviendas destruidas y alrededor de 1.400 familias afectadas. Mención aparte del casi centenar de defunciones producidas en el evento; ni mucho menos las de 2024, cuando la inundación de Cumanacoa por la crecida del río Manzares, cuando el huracán Beryl pasó cerca de la costa venezolana, dejó 336 casas totalmente destruidas y por lo menos 1700 personas desplazadas. Con el 80 % de la ciudad afectada en esa oportunidad, porque ya en 2012 había ocurrido algo similar por otro desbordamiento del mismo río que había dejado 35 familias damnificadas, encontramos que ya en 2023 la Encuesta de Condiciones de Vida de la Universidad Católica Andrés Bello (Encovi), indicaba que 70 % de la población venezolana es vulnerable ante los desastres socioambientales en rango medio, alto y muy alto.
Esto hace que resulte fundamental que la población venezolana conozca los riesgos naturales de su zona, un trabajo que los cuerpos bomberiles y los funcionarios de Protección Civil solo pueden hacer si cuentan con los recursos necesarios.
Información para anticipar los impactos climáticos
Hay tecnología para convertir esto en una realidad inmediata; la recién inaugurada estación de control satelital del sistema Glonass también puede facilitar la geolocalización de las zonas y personas impactadas para dirigir socorro inmediato.
No sólo porque hay compromisos suscritos como la estrategia de la ONU para la Reducción de Riesgos de Desastres (EIRD, 2004) y el Marco de Acción de Hyogo (2005-2015), sino porque el pueblo de Venezuela merece contar con seguridades mínimas.
Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acaba de calificar a la emergencia climática como un riesgo existencial para la humanidad.
Es clara la obligación de los Estados de actuar con la debida diligencia y adoptar todas las medidas necesarias para responder a la emergencia climática y transitar hacia modelos de desarrollo sostenible que mejoren continuamente el bienestar humano, protegiendo el ambiente.
Hay que utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para crear una cultura de seguridad y resistencia a todo nivel. Es decir, la inclusión de la gestión integral del riesgo en el sistema educativo. Así como la efectiva sanción a los responsables y cómplices de la deforestación que avanza por todo el territorio nacional y eleva el riesgo ambiental del país.
¿Desastres naturales o sociales?
En líneas generales los deslaves e inundaciones no son solo fenómenos naturales. Son también el resultado de decisiones humanas y omisiones institucionales.
El aumento en la ocurrencia de eventos climáticos en el país señala que hay que prepararse mejor para la prevención de desastres, que no basta con coordinar respuestas a emergencias y desastres. El esfuerzo tiene que hacerse en evitarlos o minimizarlos.
La gestión integral del riesgo empieza por contar con un sistema de información que permita a la población conocer cómo afecta el manejo ambiental específicamente en cada región. Que permita alertar si existe riesgo de inundaciones, sequías o la intensificación de tormentas. Así como también en qué consisten los planes de emergencia locales. Particularmente en las costas deben existir señales de alerta temprana.
Un ejemplo es la deforestación indiscriminada que ha debilitado los suelos, especialmente en zonas montañosas como Mérida y Trujillo. También están las construcciones en zonas de riesgo, donde muchas viviendas están ubicadas en cauces de ríos o laderas inestables. A todo esto, se une la falta de mantenimiento de ríos y quebradas, observándose con frecuencia diques naturales que colapsan por acumulación de sedimentos.
Por otra parte, está la débil infraestructura de alerta temprana. De 300 estaciones meteorológicas, solo 80 están operativas.
Como afirma el ingeniero forestal Álvaro Zambrano: “Los deslaves no son desastres naturales, sino el resultado de años de descuido y ruptura de la relación respetuosa entre las comunidades y su entorno”.
Venezuela tiene los recursos, la legislación y el conocimiento para enfrentar esta crisis. Lo que falta es voluntad política y compromiso sostenido.
