Internacional.- Mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, gestionaba un plan para canjear los venezolanos detenidos en El Salvador por presos políticos arrestados en Venezuela que incluía a todos los ciudadanos estadounidenses, el enviado especial de Donald Trump, Richard Grenell, impulsaba un trato distinto: permitir la operación de Chevron a cambio de la libertad de los referidos presos.
Según un reporte publicado por el diario The New York Times, ambas agendas se desarrollaron paralelamente, con el mismo negociador del régimen, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; pero nunca pudieron concretarse.
La fuente del diario detalla que la falta de coordinación entre el Departamento de Estado y el equipo de Grenell generó confusión en el régimen de Nicolás Maduro, que terminó sin saber con quién hablaba realmente la Casa Blanca.
Destaca que Rubio y John McNamara, encargado de negocios en Bogotá que supervisa los asuntos venezolanos, contemplaba enviar un avión venezolano a El Salvador para recoger a los migrantes, mientras que Estados Unidos enviaría un vuelo a Caracas para repatriar a 11 ciudadanos estadounidenses y liberar a unos 80 presos políticos venezolanos. Estos últimos habrían podido elegir quedarse en Venezuela o trasladarse a El Salvador.
La oferta de intercambiar migrantes detenidos por presos políticos, y los dos acuerdos diferentes, fueron descritos por dos funcionarios estadounidenses y otras dos personas familiarizadas con las conversaciones y que solicitaron el anonimato debido a la naturaleza delicada del asunto.
Grenell ofreció un alivio de las sanciones petroleras, lo que permitió a Chevron exportar crudo venezolano a cambio de la liberación de los estadounidenses. Grenell afirmó que discutió esta propuesta directamente con Trump y que tenía su apoyo, aunque en realidad no contaba con una aprobación formal.
Los esfuerzos diplomáticos contradictorios pusieron de manifiesto una división sobre cómo abordar el tema de Venezuela y se asemejaron al caos que caracterizó al primer mandato de Trump, cuando funcionarios rivales se disputaban la influencia con el presidente. Pero la falta de coordinación dejó a los funcionarios venezolanos sin saber quién hablaba en nombre de Trump y, en última instancia, dejó encarcelados tanto a los estadounidenses como a los venezolanos.
La propuesta de intercambiar migrantes venezolanos en El Salvador por prisioneros en Venezuela sigue sobre la mesa, dijo uno de los funcionarios estadounidenses, aunque Nicolás Maduro lo rechazó públicamente. La Casa Blanca no está dispuesta, por ahora, a prorrogar la licencia de Chevron, mientras continúan detenidos en Venezuela ciudadanos estadounidenses. Y quedó claro que, aunque la Casa Blanca de Trump dijo que no tenía ningún control sobre los detenidos en El Salvador, estaba dispuesta a utilizarlos como moneda de cambio.
Grenell declinó una solicitud de entrevista hecha or la agencia AP, pero dijo en un correo electrónico que la información de The New York Times sobre los acuerdos era falsa.
Fiscal Tarek William Saab arremete contra Bukele
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ante la divulgación de esta información a través de las agencias internacionales de noticias, declaró este martes a la agencia AP, que el pasado 30 de junio el periódico estadounidense The New York Times “reveló la existencia de acuerdos secretos entre Bukele y los líderes de las maras que llenan de sangre a El Salvador”.
De acuerdo con el jefe del Ministerio Público venezolano, la publicación del diario neoyorquino se hace eco de “la doble moral de un mandatario devenido en tirano regional que, mientras aparenta combatir el crimen, en realidad pacta con sus líderes para afianzar su corrupto poder”.
El reporte de The New York Times indica que un grupo de fiscales ha logrado reunir pruebas de la existencia de un pacto de corrupción, entre la máxima autoridad del Gobierno de El Salvador y algunos líderes de alto rango de la organización terrorista internacional Mara Salvatrucha (MS-13).
En ese sentido, precisa el diario que, como parte del pacto, se acordó reducir la violencia y apoyar políticamente al presidente Nayib Bukele para, a cambio, recibir dinero y beneficios en prisión. Por ello, Bukele habría pedido al mandatario de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, repatriar a nueve peligrosos jefes de las pandillas encarcelados en ese país, para impedir que revelen detalles sobre los acuerdos.
“En una contradicción que refleja su pervertida lógica, mientras Bukele negocia con las maras, mantiene secuestrados bajo tortura a más de 250 inocentes venezolanos, trasladados desde EE.UU. hacia El Salvador y confinados en el campo de concentración que llaman CECOT, sin que hayan cometido delito alguno y bajo condiciones inhumanas”, denunció Saab.
Asimismo, Saab indicó que Bukele ofreció a EE.UU. rebajar el 50 por ciento del costo de mantener a los venezolanos secuestrados en el CECOT, para lograr que los cabecillas maras sean trasladados a El Salvador, como si los venezolanos “fueran mercancía que se negocia en un mercado de buhoneros».
El fiscal general venezolano finalizó su intervención ratificando su compromiso con la defensa de los derechos humanos de todos sus connacionales, dentro y fuera de Venezuela.
Asimismo, instó a los organismos multilaterales, especialmente a la Organización de Naciones Unidas (ONU), para que actúe ante la gravedad de estos hechos de sistemática arbitrariedad.
Bukele emuló a Pilatos
Al mismo tiempo el gobierno de El Salvador reconoció ante investigadores de las Naciones Unidas que el gobierno de Trump mantiene el control de los hombres venezolanos que fueron deportados de Estados Unidos a una notoria prisión salvadoreña, contradiciendo declaraciones públicas de funcionarios de ambos países.
La revelación fue contenida en documentos judiciales presentados el lunes por los abogados de más de 100 migrantes que buscan impugnar sus deportaciones a la mega prisión de El Salvador conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo o CECOT.
El caso es uno de varios que desafían la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump.
El mes pasado, una coalición de grupos defensores de los derechos de los inmigrantes presentó una demanda para invalidar el acuerdo penitenciario con El Salvador, argumentando que el acuerdo para trasladar a los detenidos migrantes fuera del alcance de los tribunales estadounidenses viola la Constitución.
Con Información AP
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