INTERNACIONALES.- Este lunes 24 de marzo, tres abogado de la firma privada Grupo Ortega presentaron 30 demandas de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador (CSJ) por la detención que consideran “ilegal” de 30 migrantes venezolanos deportados el pasado 16 de marzo.
Aunque la demanda es a favor de 30 personas, los resultados benefician a los otros 71 migrantes y 137 supuestos integrantes del Tren de Aragua, aseguraron los abogados.
Estamos pidiendo en el habeas corpus que, ante el vacío legal – jurídico en el cual están estas personas por no haber causa justa a este momento, que se pongan inmediatamente en libertad. Esa es la finalidad del habeas corpus”, indicó uno de los abogados demandantes
Además, se refiero a que el traslado de los venezolanos fue un “acto político” y dijo que fue un acto “peyorativo” y “desordenado”.
Una firma privada de abogados, que dice actuar en representación del gobierno venezolano y de familiares de venezolanos migrantes presentó 30 demandas de amparo ante la Sala de lo Constitucional de El Salvador
Manifestaron que por ser una deportación, las leyes de inmigración de los Estados Unidos debían enviarlos a su país de origen, en este caso Venezuela, no a otro lugar.
“Por esa razón es que lamentablemente tenemos un vacío o un limbo legal, porque no hay convenios internacionales para receptar a las personas. Consideramos que es menester que se legisle sobre ese punto para establecer un convenio internacional o de reciprocidad para efectos de que si una persona viene ya juzgada, puede venir a cumplir una pena a nuestro país”, indicaron.
Indicaron respetar los acuerdos políticos entre ambos países, pero consideraron que en este caso se debe hacer con principio de «reciprocidad, cordialidad y de legalidad».
“El acuerdo ha sido discutido en los Estados Unidos y todavía han calificado ese acuerdo de ilegal las autoridades federales norteamericanas. Es decir, estamos cargando desde los Estados Unidos con una severenda ilegalidad contra estos ciudadanos venezolanos. Ellos fueron deportados y tenían que estar en su país. Así tenía que ocurrir”, aseguró Salvador Ríos, otro de los abogados.
El abogado citó el artículo 8 del Código Penal de El Salvador, detallando que los venezolanos no pueden ser detenidos en cárceles salvadoreñas porque no han cometido delitos en el país.
Abogados del Grupo Legal Ortega llegaron este 24 de marzo a la Corte Suprema de Justicia para presentar las demandas de habeas corpus a favor de los venezolanos deportados a El Salvador y que están en el CECOT. (Claudia Espinoza)
“La Ley Penal salvadoreña se aplicará a los hechos punibles cometidos total o parcialmente en el territorio de la República o en los lugares sometidos a su jurisdicción. Es decir, la Ley Penal salvadoreña es eminentemente territorial. Aquí los venezolanos no han cometido ningún delito. O sea, se está violando fragantemente y evidentemente el artículo 8 del Código Penal”, indicaron.
Por Claudia Espinoza
La Prensa Gráfica
EL REGIONAL DEL ZULIA
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