NACIONAL.- La organización no gubernamental Provea ha emitido una contundente advertencia sobre la situación de inseguridad y falta de información oficial que persiste en Las Claritas y el kilómetro 88, al sureste del estado Bolívar.
A nueve días del inicio de una incursión militar en la zona, los habitantes denuncian un clima de temor constante y una profunda opacidad respecto a los detalles del procedimiento que culminó con el fallecimiento de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder del grupo criminal Tren de Aragua.
Falta de claridad institucional
Según los testimonios recopilados por la ONG, e informado a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, los residentes desconocen aspectos fundamentales del operativo iniciado el pasado 9 de junio, el cual incluyó sobrevuelos de helicópteros, detonaciones y desalojos en zonas mineras históricamente controladas por grupos armados irregulares.
Provea ha cuestionado el silencio gubernamental, destacando la contradicción existente entre las declaraciones emitidas por la Casa Blanca —quienes informaron el deceso el 12 de junio— y la falta de una versión oficial precisa por parte del Estado venezolano sobre la fecha y condiciones exactas del fallecimiento. “
El Estado venezolano, que desde antes ha sido acusado de complicidad y permitir la existencia de estos grupos irregulares armados que se hicieron del control de las minas, guarda silencio”, reclamó la organización en su comunicado.
Consecuencias de la política extractivista
La ONG enfatizó que la violencia actual en el sur del país no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de una gestión estatal que, desde la creación del Arco Minero del Orinoco en 2016, priorizó la extracción opaca de recursos sobre la protección de los ciudadanos.
“Las autoridades venezolanas abandonaron sus responsabilidades en estas zonas ricas en recursos minerales, y el territorio fue penetrado por economías criminales de todo tipo, dejando en medio de la confrontación a cientos de miles de pobladores en condición de vulnerabilidad y sin posibilidades de obtener respuestas y asistencia institucional”, denunció Provea.
Riesgo de desplazamiento y exigencia de derechos
Ante la ausencia de un plan claro para la gestión de la minería ilegal tras este operativo, Provea alertó sobre el riesgo inminente de desplazamientos forzados de mineros y pobladores hacia municipios aledaños, lo cual podría agravar la crisis humanitaria en la región.
Ante este panorama, la organización civil ha instado al Estado venezolano a:
– Proporcionar información verídica y oportuna sobre los acontecimientos del 9 al 12 de junio.
– Aclarar el balance oficial de heridos y fallecidos durante el despliegue militar.
– Adoptar medidas concretas que garanticen la protección de los derechos humanos de las comunidades afectadas por la confrontación.
Hasta el momento, la opacidad sigue alimentando versiones contradictorias, dejando a las comunidades del sur de Bolívar en un estado de indefensión frente a la reconfiguración del control territorial en las zonas mineras.
