Internacional.- El presidente Donald Trump, firmó el miércoles una orden ejecutiva que prohíbe la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países. Además, ha impuesto restricciones parciales a ciudadanos de otros 7 países, entre ellos Cuba y Venezuela. La medida que se justifica bajo argumentos de seguridad nacional, provocó una ola de rechazo entre los países afectados.
La orden ejecutiva que afectan principalmente a países de África y Medio Oriente, podría revisarse para añadir o retirar países a la lista a medida que surjan amenazas alrededor del mundo.
En el documento firmado por Trump se mencionan como motivos para la prohibición o restricción de viajar, que algunos de estos países no cooperan con EE.UU. en la verificación de antecedentes de sus ciudadanos y presentan tasas excesivas de sobreestadía en visas de turismo.
La Casa Blanca argumenta sus preocupaciones de seguridad, acusando a Irán y Cuba de ser «estados patrocinadores del terrorismo», dice que hay una «presencia terrorista histórica» en Libia y llama a Somalia «un refugio seguro para terroristas».
Países afectados
La prohibición total de entrada aplica a ciudadanos de: Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen
Mientras que las restricciones parciales afectan a: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
Muchos de los países incluidos en la prohibición total, son naciones que se han visto afectadas por conflictos, o están gobernados por regímenes represivos. Entre ellos están Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Sudán y Yemen.
Con el “pobre” Haití incluido
La medida restrictiva incluye a un Haití que hoy enfrenta una de sus peores crisis en décadas, con las pandillas tomando el control de gran parte de la capital y más de la mitad de la población enfrentando una grave inseguridad alimentaria.
Pero algunos expertos afirman que hay poca evidencia de que las pandillas haitianas tengan una presencia significativa en EE.UU. o de que sus miembros estén entre los haitianos que intentan entrar en el país por avión.
«La idea de que pandillas haitianas puedan viajar a Estados Unidos por medios legales es completamente inadmisible», afirmó para el Washington Post, Renata Segura, directora del programa para América Latina y el Caribe del International Crisis Group.
«Acusar a los haitianos de ser violentos es completamente irreal y, además, terriblemente injusto para un país que atraviesa la crisis que vive Haití actualmente», le dijo la experta.
Por su parte, Abby Maxman, presidenta de Oxfam América, declaró: «Esta política no se trata de seguridad nacional; se trata de sembrar la división y vilipendiar a las comunidades que buscan seguridad y oportunidades en Estados Unidos».
Discriminación cruel
Organizaciones de ayuda humanitaria y derechos humanos ha criticado la prohibición calificándola de «discriminatoria y cruel». Amnistía Internacional ha condenado la decisión, afirmando que propaga desinformación y odio al dirigirse a personas por su nacionalidad.
«Incluir a Afganistán, una nación cuyo pueblo apoyó a los militares estadounidenses durante 20 años, es una vergüenza moral», declaró Shawn VanDiver, presidente y director de la junta directiva de #AfghanEvac.
«Es una ofensa para nuestros aliados, nuestros veteranos y todos los valores que decimos defender», agregó.
Por su parte Irán, que enfrenta una prohibición total de viaje, no ha reaccionado al anuncio. Pero Jamal Abdi, presidente del Consejo Nacional Iraní-Estadounidense (NIAC), declaró en un comunicado que las primeras prohibiciones de Trump en 2017 «afectaron a más de cien mil iraníes, y el procesamiento de visas nunca se recuperó por completo».
Por otro lado, Somalia, en un comunicado, el embajador somalí en Estados Unidos, Dahir Hassan Abdi, afirmó: «Somalia valora su relación de larga data con Estados Unidos y está dispuesta a entablar un diálogo para abordar las preocupaciones planteadas».
La Comisión de la Unión Africana (UA), un organismo que reúne a los 55 países del continente, expresó su preocupación por la decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer nuevas restricciones de viaje a ciudadanos africanos.
En un comunicado la UA afirmó que reconocía «el derecho soberano de todas las naciones a proteger sus fronteras y garantizar la seguridad de sus ciudadanos».
Pero instó a Estados Unidos a aplicar estas medidas de forma equilibrada, utilizando «un enfoque equilibrado y basado en la evidencia» para la aplicación de la ley y consultando con los países afectados.
Venezuela reacciona
En Venezuela, uno de los siete países afectados por las restricciones parciales el ministro del Interior, Diosdado Cabello, calificó la decisión como una persecución política injustificada y afirmó que estar en Estados Unidos es un riesgo para cualquier persona, no solo para los venezolanos.
«Los que gobiernan Estados Unidos son malas personas; es fascismo, son supremacistas que se creen dueños del mundo y persiguen a nuestro pueblo sin razón alguna», añadió.
Para Venezuela, la medida suspende la entrada de nacionales con visas B-1/B-2 (turismo/negocios), F (estudiantes), M (estudiantes vocacionales) y J (intercambio). Además, los funcionarios consulares reducirán la validez de otras visas de no inmigrante.
Para la abogada Yesenia Iacona, experta en el tema migratorio, hay incertidumbre en las repercusiones de esta medida, ya que hay puntos legales ambiguos en el documento, que no dejan ver con claridad cuál va a ser el tratamiento que van a dar los oficiales en los puertos de entrada.
“El tiempo de vigencia tampoco fue especifico, solo dice que va a ser revisada en 180 días, además de establecerse en el caso de Venezuela tres parámetros para la aplicación de la medida de los cuales uno no es real. El primero habla de la imposibilidad de expedir pasaportes en EE UU, que es real por el retiro de las embajadas, el segundo, habla de un 9 por ciento de los venezolanos que llegan a Estados Unidos y se quedan, cuya cifra evidentemente es mayor por la situación que se está viviendo en el país. Las cortes están llenas de personas de nacionalidad venezolana que se han quedado, esta es una realidad”, sostuvo Iacona.
Asimismo, el documento dice que Venezuela no está aceptando deportados, que no es cierto, debido a que el mismo gobierno ha publicado vuelos de venezolanos llegando a Venezuela deportados.
La experta asevera que la inclusión de Venezuela en esta lista pasa por un tema político, donde lamentablemente, el pez grande siempre se come a los más pequeños, y en este caso los venezolanos son los pequeños.
La recomendación es que, si tenían previsto venir a EE UU con una visa de turismo, espere un poco a que este más claro el tratamiento que se les dará en los puertos de entrada.
Implicaciones legales
Expertos legales advierten que la prohibición podría ser revocada si se demuestra que no cumple con estándares legales.
Grupos de inmigrantes amparados por organizaciones de derechos humanos, podrían argumentar que la prohibición afecta el derecho al debido proceso y que no hay evidencia suficiente para justificar la exclusión de ciertos países.
La prohibición afectará a ciudadanos que buscan ingresar a EE.UU. por motivos de residencia, turismo, estudios y negocios. Sin embargo, se contemplan excepciones si las autoridades estadounidenses consideran que el viaje beneficia los intereses nacionales.
La orden contempla excepciones para: Residentes permanentes legales (titulares de la «green card»), personas con doble nacionalidad que posean pasaporte de un país no afectado, diplomáticos y funcionarios de gobiernos extranjeros y casos humanitarios donde la entrada beneficie los intereses nacionales de Estados Unidos.
La medida aplica para los que estén fuera de EE UU y no tengan una visa, no significa que revocaran las visas existentes, sino que no van a dar nuevas visas.
Medidas similares en EE UU
Hay antecedentes de medidas similares tomadas por Donald Trump durante su primer mandato. En enero de 2017, firmó una orden ejecutiva que prohibía la entrada a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana: Irak, Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen. Esta medida, conocida como «travel ban», fue impugnada en los tribunales, pero finalmente la Corte Suprema la ratificó en 2018, argumentando que se basaba en propósitos legítimos de seguridad nacional.
La prohibición de 2017 afectaba principalmente a países de mayoría musulmana, mientras que la nueva medida de 2025 incluye una lista más diversa, con países de Latinoamérica, África y Asia.
En 2017, la restricción era total para los países afectados, la prohibición fue centrada en la lucha contra el terrorismo islámico radical. En 2025, el argumento principal es la seguridad nacional y el control migratorio.
