POR: DR. ALIRIO FIGUEROA ZAVALA.
Individuo de número de la Academia de Ciencias Jurídicas del Estado Zulia.
En nuestro país, tanto la constitución derogada de 1961 como en la vigente, se han diseñado regímenes de gobierno mixtos, bajo el principio de la colaboración entre los poderes públicos. Pero en razón, que ha existido un predominio histórico de tener al Presidente de la República y su gabinete como el máximo Poder Público que influye en la vida política nacional; en la práctica el régimen de gobierno se ha venido catalogando como presidencial.
Desde este punto de vista, esto constituye un problema porque se puede generar una tendencia hacia el autoritarismo y la personalización de la política.
Cabe resaltar en este orden de ideas que, si entendemos la democracia, en el sentido literal, de que es el gobierno del pueblo, resulta que en la práctica, no es verdad; ya que los actores de la democracia existente en el país son grupos organizados en partidos políticos, grupos de presión, grupo de intereses y de otra índole, que trae como consecuencia una especie de poliarquía competitiva tal como lo señala el tratadista Roberto Bobbio.
En una verdadera democracia moderna, ya sea considerada como un conjunto de valores abstractos o como sistema práctico para organizar el gobierno de una sociedad se entiende como democracia representativa, valga decir, como el gobierno ejercido a través de representantes del pueblo, autorizados por medio del voto, para tomar las decisiones de carácter colectivo. Un fundamento teórico básico de la democracia representativa es la doctrina de la división de poderes.
En resumen, el régimen de gobierno venezolano de acuerdo con la vigente constitución es un órgano constitucional integrado por los ministros, que determina las directrices políticas fundamentales y ejerce la función ejecutiva al más alto nivel.
Esto ha generado que nuestro régimen de gobierno constituye una mezcla de poderes esenciales excesivos, producto de la crisis de los partidos políticos que conlleva a una composición de la asamblea legislativa nacional que es incapaz de ejercer los poderes de control, según lo ordena la propia constitución nacional.
