NACIONAL.- El Gobierno de Venezuela decidió incorporar al bufete internacional Greenberg Traurig como parte de su estrategia legal en el caso que mantiene en tribunales de Estados Unidos contra la minera canadiense Crystallex, en una disputa que también involucra a múltiples acreedores que buscan compensaciones por expropiaciones.
De acuerdo con información difundida por Reuters, el cambio en la representación jurídica fue notificado por la firma Munger, Tolles & Olson tras recibir una comunicación oficial enviada por la procuradora general venezolana, Arianny Seijo.
En el documento se precisa que los abogados Daniel Pulecio y Dominic Draye encabezan actualmente la defensa del país en este proceso judicial, considerado uno de los más relevantes en materia de reclamaciones internacionales contra Venezuela.
Este movimiento forma parte de una serie de ajustes recientes en la estrategia legal del Estado venezolano ante cortes extranjeras, con el objetivo de afrontar litigios relacionados con deudas y compensaciones derivadas de nacionalizaciones.
Asimismo, el caso se desarrolla en un contexto político particular, luego de que autoridades estadounidenses reconocieran al Gobierno interino encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. En ese sentido, Munger, Tolles & Olson recordó ante el tribunal que la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a una autoridad como jefe de Estado de un país extranjero resulta determinante y vinculante para las cortes estadounidenses.
La disputa con Crystallex forma parte de un conjunto de demandas que presionan las finanzas venezolanas en el exterior, mientras el país busca reorganizar su defensa jurídica en escenarios internacionales.
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