Internacionales.- La secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, visitó este miércoles la «megacárcel» de El Salvador donde se encuentran detenidos venezolanos que, según el gobierno de Donald Trump, son miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua y que permanecen retenidos desde su expulsión de EEUU.
El viaje de Noem a la prisión de máxima seguridad —donde los reclusos están hacinados en celdas y nunca se les permite salir— tuvo lugar mientras la Casa Blanca busca demostrar ante la Justicia que está deportando a personas que describe como «lo peor de lo peor».
El gobierno de EEUU está argumentando ante los jueces que la deportación de venezolanos a El Salvador era justificado, mientras que organizaciones sociales aseguran que han sido enviados a una prisión plagada de abusos a los derechos humanos.
En la prisión, Noem recorrió dos bloques de celdas hacinadas, el arsenal y una unidad de aislamiento. Una de las áreas visitadas es la que alberga a algunos de los venezolanos acusados de pertenecer a pandillas.
En un bloque de celdas que alberga a presos salvadoreños, alrededor de una docena estaban rodeados por guardias cerca de la puerta su celda y se les pidió que se retiraran las camisetas y las mascarillas.
Los hombres mostraban muchos tatuajes, algunos con las letras MS en su pecho, que representan a la pandilla Mara Salvatrucha.
«Esta es una de las consecuencias» para inmigrantes que cometen un crimen, alerta Noem
Después de escuchar a los funcionarios salvadoreños, Noem le dio la espalda a la celda y grabó un mensaje en video.
Si un inmigrante comete un crimen, «esta es una de las consecuencias que podría enfrentar», dijo Noem.
«Primero que nada, no vengas a nuestro país de manera ilegal. Serás expulsado y serás procesado. Pero tengan en cuenta que esta instalación es una de las herramientas en nuestro kit que utilizaremos si cometen crímenes contra el pueblo estadounidense», agregó.
El Departamento de Seguridad Nacional señaló este miércoles que continuará trabajando con El Salvador, asegurando que Noem tenía previsto discutir la manera en que EEUU puede «aumentar el número de vuelos de deportación y las expulsiones de criminales violentos» del país durante una reunión con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
El ministro de Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, le mostró a Noem una celda que alberga a salvadoreños que, según dijo, han estado allí desde que se abrió la prisión. “Nadie espera que estas personas puedan volver a la sociedad y comportarse”, subrayó.
La visita de Noem a El Salvador forma parte de un viaje de tres días. También visitará Colombia y México.
Desde que asumió el cargo, Noem ha liderado con frecuencia los esfuerzos para destacar la represión de la inmigración en el marco del gobierno de Trump.
Participó en operaciones de control migratorio, montó a caballo con agentes de la Patrulla Fronteriza y fue la imagen de una campaña televisiva advirtiendo a las personas que viven en EEUU sin permiso de residencia para que se autodeporten.
La escalada de tensión en el conflicto entre Trump y los jueces por la deportación de venezolanos
Los venezolanos detenidos fueron expulsados de EEUU este mes después de que Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y dijera que el país estaba siendo invadido por la banda Tren de Aragua.
Esta ley otorga al presidente poderes en tiempos de guerra y permite que quienes no sean ciudadanos sean deportados sin la oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración o federal.
En un revés para el gobierno, una corte de apelaciones mantuvo este miércoles una orden judicial que le prohíbe deportar a más inmigrantes bajo esta centenaria ley.
Una pregunta clave pendiente sobre el estatus de los deportados es cuándo y cómo podrían ser liberados de la megacárcel salvadoreña, ya que no están cumpliendo condenas. Ya no aparecen en el localizador de detenidos en línea de ICE y tampoco han comparecido ante un juez en El Salvador.
El gobierno de Trump se refiere a ellos como “lo peor de lo peor”, pero no ha identificado oficialmente a los deportados ni ha presentado evidencia de que realmente fueran miembros de pandillas.
Los familiares de algunos de los deportados han negado categóricamente que pertenezcan a estos grupos. El gobierno venezolano y el Comité de Familias de Inmigrantes en Venezuela contrataron a abogados para ayudar a liberar a los detenidos en El Salvador.
Un abogado del despacho que actualmente representa a unos 30 venezolanos dijo que no son miembros de pandillas y no tienen antecedentes penales.
El gobierno estadounidense ha reconocido que muchos de ellos no tienen tales antecedentes.
Los vuelos ya estaban en el aire el 15 de marzo cuando un juez federal emitió una orden verbal que prohibía temporalmente las deportaciones y ordenó que los aviones regresaran a EEUU.
El gobierno de Trump asegura que las instrucciones verbales del juez no eran suficientes, que solo debía acatarse su orden escrita y que no podía aplicarse a vuelos que ya habían salido del país.
Bukele como gran aliado de la «mano dura» de Trump contra la inmigración
Bukele inauguró la megacárcel en 2023 y ha hecho de ella una marca registrada de su lucha contra el crimen. La instalación cuenta con ocho pabellones extensos y puede albergar hasta 40,000 reclusos. Cada celda puede albergar de 65 a 70 presos, que no pueden recibir visitas ni participar en talleres o programas educativos.
El Salvador no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela desde 2019, por lo que los venezolanos encarcelados allí no tienen apoyo consular de su gobierno.
Un video publicado por el gobierno de El Salvador tras la llegada de los deportados mostró a hombres saliendo de aviones hacia una pista de aeropuerto flanqueada por agentes con equipos antimotines. Los hombres, que tenían las manos y los tobillos encadenados, caminaban con dificultad mientras los agentes empujaban sus cabezas hacia abajo.
Más tarde se les mostró en la prisión, arrodillados en el suelo mientras les afeitaban la cabeza antes de cambiarse al uniforme completamente blanco de la prisión —pantalones cortos hasta la rodilla, camiseta, calcetines y zapatos de goma— y ser ubicados en celdas.
El Salvador lleva tres años bajo un estado de emergencia que suspende derechos fundamentales mientras Bukele libra un asalto total contra las poderosas pandillas del país. Durante ese tiempo, unas 84,000 personas han sido arrestadas, acusadas de vínculos con pandillas y encarceladas, a menudo sin el debido proceso.
Bukele ofreció albergar a los deportados de EEUU en la prisión cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitó el país en febrero.
