NACIONALES.- La reconocida organización ambientalista SOS Orinoco lanzó una contundente alerta sobre la situación crítica que atraviesa el Parque Nacional Canaima, declarando que este patrimonio natural de la humanidad se encuentra al borde de un “colapso ecológico”.
Ante esta realidad, la ONG exigió formalmente al gobierno establecer de manera inmediata una fecha definitiva para concretar la postergada misión de seguimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
A través de un pronunciamiento difundido en su cuenta oficial de la red social X, la organización denunció que la degradación ambiental en el parque es impulsada por la expansión de la minería ilegal, la grave contaminación por mercurio y la persistente inacción por parte de las autoridades oficiales.
Una misión congelada por cuatro años
La controversia en torno a la supervisión internacional se remonta a septiembre de 2022, fecha en la que inicialmente se había programado una misión de seguimiento reactivo de la Unesco al Parque Nacional Canaima. No obstante, la visita técnica fue suspendida de última hora.
“El Gobierno para ese entonces prometió fijar una nueva fecha. Al día de hoy —cuatro años después— no se ha propuesto ninguna nueva fecha, a pesar de las reiteradas peticiones urgentes de la Unesco”, aseveró la organización en su comunicado.
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Radiografía del daño: Conclusiones del World Heritage Watch 2026
Los señalamientos de SOS Orinoco están respaldados por los hallazgos del 12º Informe de World Heritage Watch 2026, una investigación exhaustiva basada en revisiones científicas y análisis cartográficos y satelitales que detalla el deterioro sistemático del área protegida.
El informe advierte que la combinación de la minería no autorizada, las fallas críticas en los controles turísticos, los recurrentes incendios forestales y la propagación de especies exóticas invasoras están comprometiendo gravemente el Valor Universal Excepcional (VUE) que le valió a Canaima su declaratoria como Patrimonio Mundial por parte de la Unesco en el año 1994.
Entre los datos más alarmantes arrojados por el monitoreo satelital entre 2018 y 2025, se destaca lo siguiente:
Auge minero: Se identificaron un total de 148 enclaves mineros que ocupan una superficie de 1.852,96 hectáreas dentro de los límites del parque.
Pérdida boscosa reciente: El reporte precisa que, entre 2024 y 2025, se devastaron otras 300 hectáreas, de las cuales 72 hectáreas corresponden específicamente a las faldas de la base del imponente tepuy Chimantá.
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Impacto en cuencas, biodiversidad y el pueblo Pemón
La investigación recalca que el uso masivo de mercurio en las labores de extracción aurífera está generando una severa contaminación en los delicados sistemas hidrográficos del parque, poniendo en riesgo el equilibrio de la biodiversidad y la subsistencia, salud y bienestar de las comunidades indígenas pemón que hacen vida ancestral en la región.
El estudio pone la lupa sobre el uso de maquinaria pesada, documentando la presencia de 49 dragas operando de manera ilegal en los ríos Caroní y Karuai. Según las proyecciones técnicas, esta maquinaria tiene la capacidad de movilizar hasta 7,5 millones de toneladas de sedimentos en el transcurso de un año, extrayendo más de 195 kilogramos de oro.
Ante este panorama de destrucción sistemática, SOS Orinoco ha cuantificado preliminarmente el impacto socioambiental y ecológico de estas actividades ilícitas en unos 52,3 millones de dólares, ratificando la urgencia de una intervención y veeduría internacional independiente en el pulmón natural del sur venezolano.
