Internacionales.- El gobierno del presidente Donald Trump pidió ayer jueves a la Corte Suprema que retire las protecciones legales temporales (TPS por sus siglas en inglés) a 350.000 venezolanos, exponiéndolos potencialmente a ser deportados.
El Departamento de Justicia pidió al alto tribunal que suspendiera el fallo del juez federal Fernando Rodríguez Jr., que mantenía vigente el Estatus de Protección Temporal para los venezolanos, que de otro modo habría expirado el mes pasado.
El TPS estatus permite a las personas que ya están en los Estados Unidos vivir y trabajar legalmente porque sus países de origen se consideran inseguros para el regreso debido a desastres naturales o conflictos civiles.
El juez Fernando Rodríguez Jr es el primer juez en dictaminar que la Ley de Enemigos Extranjeros no puede ser utilizada contra personas que la administración republicana afirma son miembros de pandillas invasoras
Cabe destacar que un tribunal federal de apelaciones había rechazado previamente la solicitud del gobierno.
La administración del presidente Donald Trump se ha movido «agresivamente» «para retirar varias protecciones que han permitido que los inmigrantes permanezcan en el país, incluido el fin del TPS para un total de 600,000 venezolanos y 500,000 haitianos, destaca la nota de AP. El TPS se otorga en incrementos de 18 meses.
La apelación de emergencia ante el alto tribunal se produjo el mismo día en que el juez federal en Texas declaró ilegales los esfuerzos del gobierno para deportar a los venezolanos bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII. Los casos no están relacionados.
El juez de distrito de EE. UU., Fernando Rodríguez Jr., es el primero en dictaminar que la Ley de Enemigos Extranjeros no puede utilizarse contra personas que, según el gobierno republicano, son pandilleros que invaden Estados Unidos. Rodríguez afirmó que no interferiría con el derecho del gobierno a deportar a personas que se encuentran ilegalmente en el país por otros medios, pero que no podía ampararse en la ley, vigente hace 227 años, para hacerlo.
“Ni la Corte ni las partes cuestionan que el Poder Ejecutivo pueda ordenar la detención y expulsión de extranjeros que participan en actividades delictivas en Estados Unidos”, escribió Rodríguez, quien fue nominado por Trump en 2018. Sin embargo, el juez afirmó que “la invocación de la AEA por parte del Presidente mediante la Proclamación excede el alcance de la ley y es contraria al sentido común de sus términos”.
Es importante recordar que el pasado mes de marzo, Donald Trump emitió un decreto a través del cual declara que la banda delictiva venezolana, denominada Tren de Aragua, estaba invadiendo Estados Unidos, razón por la cual dijo que tenía poderes especiales para deportar inmigrantes, identificados por su administración como miembros de pandillas, sin los procedimientos judiciales habituales.
El TPS se creó para evitar deportaciones a países que sufren desastres naturales o conflictos civiles
Las protecciones estaban programadas para expirar el 7 de abril, pero el juez federal de distrito Edward Chen ordenó una pausa en esos planes. Descubrió que la expiración amenazaba con perturbar gravemente la vida de cientos de miles de personas y podría costar miles de millones en pérdida de actividad económica.
Chen, quien fue designado para el cargo por el presidente demócrata Barack Obama, encontró que el gobierno no había mostrado ningún daño causado por mantener vivo el programa.
Pero el procurador general D. John Sauer escribió en nombre de la administración que la orden de Chen interfiere inadmisiblemente con el poder de la administración sobre inmigración y asuntos exteriores.
Además, Sauer dijo a los jueces que las personas afectadas por el fin del estatus protegido podrían tener otras opciones legales para tratar de permanecer en el país porque la «decisión de terminar el TPS no es equivalente a una orden de expulsión final».
El Congreso creó el TPS en 1990 para evitar deportaciones a países que sufren desastres naturales o conflictos civiles.
Internacionales UN.
–
