POLÍTICA

TSJ en el exilio renueva su directiva y ratifica vigencia del gobierno interino

  • El presidente de la Sala Penal, Pedro Troconis, puntualizó que la vigencia del gobierno interino que lidera Guaidó tiene alcance hasta que se concrete el cese de la usurpación por parte de la administración de Maduro, tras la celebración de elecciones libres y auténticas

Caracas.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, cuyos magistrados fueron designados en 2017 por la Asamblea Nacional electa en 2015, renovó el domingo su directiva con mandato hasta octubre de 2024 y exhortó al acatamiento pleno de sus decisiones entre las que destaca la vigencia del gobierno interino que lidera Juan Guaidó.

En un sesión plenaria celebrada de forma presencia y virtual en la ciudad de Doral, en Florida (EE. UU.), el TSJ en el exilio -por mayoría de sus 22 integrantes- designó como sus nuevos directivos a los juristas Antonio Marval, Pedro Troconis, Domingo Salgado, Zuleima González, Luis Ramos y Rafael Ortega.

De los 22 magistrados del TSJ en el exilio, 11 residen en EE. UU., 4 en Chile, 3 en Panamá, 2 en Colombia y 2 en España.

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Tanto Marval como Troconis y Salgado resultaron reelectos como presidente, primer y segundo vicepresidente, respectivamente, según lo detallado por la instancia en un comunicado.

De acuerdo con lo informado por el TSJ en el exilio, Marval ratificó la voluntad unitaria de los magistrados de mantener el cumplimiento del mandato de ejercer el gobierno judicial de Venezuela, de forma independiente y autónoma, luego de la designación de todos los miembros de esa instancia en julio de 2017.

El presidente de la Sala Penal, Pedro Troconis, puntualizó que la vigencia del gobierno interino que lidera Guaidó tiene alcance hasta que se concrete el cese de la usurpación por parte de la administración de Maduro, tras la celebración de elecciones libres y auténticas.

Destacan los comentarios de los juristas del TSJ en el exilio luego de que recientemente, de acuerdo con reportes de Financial Times y la cadena de noticias estadounidense CNN, tres de las organizaciones políticas que conforman el denominado G4 ya decidieron rechazar la continuidad del gobierno interino que lidera Guaidó.

En ese contexto, el presidente de la Sala Electoral del TSJ en el exilio, además reelecto como segundo vicepresidente, Domingo Salgado, manifestó que están al tanto de los procesos políticos que se enmarcan en la elección presidencial prevista para 2024.

«Justamente, en ese sentido, hemos emitido sentencias que dan marco a las condiciones irrenunciables, como para que cualquier elección que pueda realizarse termine cabalmente reconocida como un proceso legítimo y auténtico», destacó Salgado citado en el comunicado del TSJ en el exilio.

 

«No obstante estar en el exilio y enfrentar todos graves problemas socioeconómicos por no haber recibido desde su salida del país la remuneración por su trabajo, que involucra hasta ahora más de 70 decisiones, entre sentencias de juicio y diversas resoluciones inmanentes a los grandes temas de interés de la nación», destaca el comunicado.

Marval resaltó que el mandato del TSJ en el exilio, tras la designación de sus magistrados en 2017, tiene una duración de 12 años, de los que ya se cumplieron 5 años.

Deber de acatar

La nueva presidenta de la Sala Constitucional, Zuleima González, se comprometió a concluir los procesos pendientes bajo la gestión de su predecesora, la jurista Cioly Zambrano, y recalcó la necesidad del cumplimiento de las decisiones del TSJ en el exilio, incluso por parte de la propia Asamblea Nacional electa en 2015, que eludió el dictamen que establece la separación de Guaidó del cargo de titular del Parlamenta al fungir de presidente interino.

Por su parte, el magistrado Luis Salas, nuevo presidente de la Sala Social, resaltó la necesidad de que los factores políticos democráticos en el país velen por el valor de la institucionalidad que se contrapone a la administración de Nicolás Maduro, a la que calificó de dictadura, por lo que la defensa al gobierno legítimo no debe ser vista como actitud de parcialidad partidista.

«Sino de valores y principios democráticos, que además amparan la defensa de los activos de Venezuela, que desde el año 2019 se encuentran protegidos justamente por el tejido institucional del gobierno legítimo y democrático», refiere el comunicado.

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