Política.- El Tribunal Supremo de Justicia ratificó inhabilitación política por 15 años para el exgobernador de Miranda Henrique Capriles Randonsky por su vinculación en hechos de corrupción e irregularidades administrativas investigadas desde el año 2017, de esta manera queda fuera del juego político para las próximas elecciones presidenciales previstas para este año 2024.
La Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se pronuncia la tarde de este viernes 26 de enero sobre los recursos introducidos por los dirigentes opositores María Corina Machado, Daniel Ceballos, Leocenis García y Richard Mardo en contra de sus inhabilitaciones políticas. Al mismo tiempo, respondió a un recurso del exgobernador Henrique Capriles de 2017.
«El TSJ informa que, cumpliendo con la Constitución, las leyes vigentes, y en el marco del Acuerdo de Barbados, la Sala Político Administrativa procederá a publicar en el transcurso del día las decisiones tomadas en todos los casos de inhabilitación a partir de las solicitudes», informó el Tribunal a través de su cuenta en la red social X, antes Twitter.
El TSJ declaró improcedente un recurso introducido por Henrique Capriles en 2017, con lo cual se mantiene la inhabilitación política en su contra.
Sin embargo, fueron habilitados los dirigentes Leocenis García del partido Prociudadanos y Richard Mardo (Primero Justicia).
En el caso de Leocenis García, el TSJ declaró procedente la demanda de nulidad con solicitud de amparo cautelar «que fue presentada en el marco del mecanismo establecido en el Acuerdo de Barbados de fecha 17 de octubre de 2023 cumpliendo con los parámetros y exigencias allí señalados. En consecuencia, el ciudadano Leocenis Manuel García Osorio queda habilitado para el ejercicio de funciones públicas, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiera lugar».
Asimismo, el TSJ habilitó al dirigente Richard Mardo (PJ) quien presentó una demanda por Vía de Hecho Conjuntamente con Acción de Amparo Cautelar «por las presuntas actuaciones materiales ejercidas por la Contraloría General de la República y el Consejo Nacional Electoral (CNE)».
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