Nacional.- La situación de los derechos humanos en Venezuela ha experimentado una evolución compleja, marcada por avances constitucionales y retrocesos significativos en la práctica.
Las declaraciones dadas el viernes pasado por el Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, tras presentar un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, han tenido un impacto significativo tanto en el plano nacional como internacional, al poner en evidencia el deterioro sistemático de los derechos humanos en este país desde mayo de 2024.
Este informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se documentaron detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y violaciones del debido proceso, especialmente en el contexto de las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2024 y 2025.
Las denuncias realizadas refuerzan la presión internacional sobre el gobierno venezolano, generando llamados a la liberación de presos políticos y al cese de la represión contra la sociedad civil.
Restringen funciones de las Oenegés
El informe el Alto Comisionado también criticó la ley de ONG aprobada en noviembre de 2024, que ha restringido el funcionamiento de organizaciones sociales mediante requisitos arbitrarios y tarifas ilegales. Esto ha debilitado la capacidad de monitoreo y denuncia dentro del país, obligando a muchas ONG a cesar operaciones.
Türk afirmó también que, en la campaña de los comicios parlamentarios y regionales de mayo y junio de este año, se detuvo a 70 personas entre opositores y defensores de los derechos humanos, 17 de ellos extranjeros, “acusados de pertenecer a un grupo terrorista”.
Señaló que muchas personas permanecen detenidas tras haber sido arrestadas en el contexto de las elecciones presidenciales de julio de 2024, sin embargo, reconoció la liberación condicional de 1.500 personas desde entonces.
Refirió en el documento publicado, que la aplicación de la Ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo de Venezuela, promulgada en 2012, “no se ajusta al derecho internacional”, y añadió que “la mayoría de las personas detenidas por cargos relacionados con el terrorismo son sujetos a procesos judiciales que no cumplen con los estándares internacionales”.
Detalló también que su oficina ha registrado 32 casos de supuesta tortura y maltrato durante las detenciones, que entre los afectados hay 15 menores de edad y que 28 más fueron víctimas de desaparición forzada y “su paradero aún se desconoce”.
“Estoy muy preocupado por las condiciones de los detenidos, incluyendo a personas a quienes se les ha negado tratamiento médico y acceso a comida y agua”, comentó.
La administración de Nicolás Maduro respondió con dureza en un comunicado, acusando a Türk de emitir declaraciones “irresponsables, parciales y profundamente polarizadas”, que buscan “instrumentalizar políticamente” la defensa de los derechos humanos y de actuar como “pieza operativa del poder imperial estadounidense”.
El Gobierno venezolano también demanda contundencia a Turk sobre los 252 venezolanos que, tras ser deportados de Estados Unidos, permanecen detenidos en “condiciones infrahumanas” en El Salvador, “sin debido proceso ni contacto con sus familias”.
En conjunto, las declaraciones de Türk han reavivado el debate global sobre la situación venezolana, pero también han profundizado la confrontación entre el gobierno y los organismos internacionales. Si quieres, puedo ayudarte a explorar cómo ha reaccionado la comunidad internacional o qué medidas se están discutiendo en foros multilaterales.
Antecedentes álgidos
En los últimos años, organismos internacionales como la ONU y la OEA han expresado preocupación por detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y restricciones a la libertad de expresión. En 2018, el Comité de Derechos Humanos de la ONU calificó al país con una nota “D” por no cumplir con sus obligaciones internacionales ni presentar informes sobre avances en recomendaciones previas.
Un punto crítico ocurrió en febrero de 2024, cuando el gobierno venezolano suspendió las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Caracas, tras críticas por la detención de la activista Rocío San Miguel. Esta decisión fue ampliamente rechazada por la comunidad internacional y ha dificultado el monitoreo independiente de la situación.
A pesar de estos desafíos, organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y paneles de expertos de la OEA continúan documentando violaciones y exigiendo respeto a los derechos fundamentales.
